Colegio de Abogados respalda aplazar la aplicación del nuevo Código Penal para corregir disposiciones

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El presidente del CARD, Trajano Potentini, considera que la legislación debe entrar en vigor con ajustes que garanticen el respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales.

Santo Domingo.– El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, manifestó el respaldo de la institución a una prórroga de aproximadamente seis meses para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, con el objetivo de revisar y corregir disposiciones que considera incompatibles con la Constitución y con los derechos fundamentales.

Potentini afirmó que el país necesita una legislación penal moderna que permita enfrentar con mayor eficacia fenómenos como el crimen organizado, los delitos tecnológicos y otras modalidades delictivas emergentes. Sin embargo, sostuvo que esa modernización debe realizarse respetando plenamente las garantías constitucionales.

El jurista explicó que, aunque el nuevo Código Penal representa una necesidad para la República Dominicana, aún contiene aspectos que ameritan revisión, entre ellos disposiciones que, según indicó, podrían afectar la libertad de expresión y otros derechos conquistados por la sociedad dominicana.

En ese contexto, informó que el CARD respalda la posición planteada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), que propone al Congreso Nacional extender la entrada en vigencia de la normativa más allá del próximo 5 de agosto, otorgando un plazo de alrededor de seis meses para introducir las modificaciones necesarias.

«Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales».

El presidente del CARD concluyó señalando que una revisión responsable del texto contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica del país y permitirá contar con un Código Penal actualizado, constitucionalmente sólido y acorde con los principios del Estado Social y Democrático de Derecho.

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