Por Katia Morales
El sistema financiero mundial está experimentando una transformación sin precedentes. La digitalización de los servicios financieros, la prevención del lavado de activos, la gestión integral de riesgos, la ciberseguridad y el fortalecimiento del gobierno corporativo han dejado de ser tendencias para convertirse en estándares internacionales.
La República Dominicana no es ajena a esta realidad.
En los últimos años, el país ha fortalecido significativamente su marco regulatorio para bancos, asociaciones de ahorros y préstamos, puestos de bolsa, fiduciarias, aseguradoras y demás sujetos obligados. Paralelamente, organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) continúan promoviendo marcos normativos que permitan sistemas financieros más transparentes, resilientes y alineados con las mejores prácticas internacionales.
En este escenario, el sector cooperativo ocupa un lugar de enorme relevancia.
Las cooperativas representan uno de los principales motores de inclusión financiera del país y generan un importante impacto económico y social en miles de comunidades. Precisamente por esa importancia, el debate sobre la modernización de su marco jurídico adquiere cada vez mayor vigencia.
La Ley núm. 127-64 sobre Asociaciones Cooperativas, promulgada hace más de seis décadas, fue concebida para una realidad económica y tecnológica muy distinta a la actual. Desde entonces, el sector cooperativo ha experimentado un crecimiento significativo en número de entidades, volumen de activos, diversidad de productos financieros y complejidad operativa. Al mismo tiempo, su regulador, pese a que ha querido impulsar iniciativas para fortalecer la supervisión y fiscalización, con recopilación de información más actualizada se queda corto en los procesos de modernización institucional y espacios de intercambio de mejores prácticas con organismos nacionales y regionales.
Hablar hoy de una posible actualización de la Ley 127-64 no debe interpretarse como un cuestionamiento al modelo cooperativo ni a sus principios fundamentales. Por el contrario, constituye una oportunidad para fortalecerlo.
Los principios cooperativos —ayuda mutua, democracia, igualdad, solidaridad y compromiso con la comunidad— permanecen plenamente vigentes. Lo que evoluciona es el entorno en el que las cooperativas desarrollan sus actividades.
La experiencia internacional demuestra que la modernización de los marcos legales suele orientarse hacia aspectos como:
- fortalecer la gobernanza y la rendición de cuentas;
- profesionalizar los órganos de dirección y control;
- incorporar modelos modernos de gestión integral de riesgos;
- reforzar los mecanismos de supervisión proporcional al tamaño y complejidad de las entidades;
- impulsar la transformación digital y la ciberseguridad;
- elevar los estándares de transparencia y protección de los asociados.
Estas tendencias no buscan transformar a las cooperativas en entidades bancarias. Buscan dotarlas de herramientas que les permitan responder a riesgos que hace algunas décadas simplemente no existían.
La prevención del lavado de activos constituye un ejemplo claro. Con la entrada en vigor de la Ley núm. 155-17, las cooperativas asumieron obligaciones específicas en materia de programas de cumplimiento, debida diligencia, monitoreo, reporte de operaciones sospechosas y gestión basada en riesgos. Estas exigencias responden a compromisos internacionales asumidos por el país y forman parte de un ecosistema regulatorio orientado a proteger la integridad del sistema financiero. Aún asumiendo, que se quedó corta con la mira de los sujetos obligados, información que profundizaremos en otra oportunidad. Da un antes y un después a la obligatoriedad de las cooperativas ante el flagelo.
En ese contexto, una legislación cooperativa actualizada puede facilitar una mejor articulación entre los principios cooperativos tradicionales y las exigencias contemporáneas en materia de cumplimiento, riesgos, innovación tecnológica y sostenibilidad institucional.
La discusión sobre el futuro del cooperativismo debe centrarse menos en si debe modernizarse y más en cómo hacerlo preservando su identidad.
Una reforma bien estructurada no significa abandonar la esencia cooperativa. Significa asegurar que esa esencia continúe siendo viable en un entorno económico cada vez más dinámico, competitivo y regulado.
El debate, por tanto, no enfrenta tradición contra modernidad. En realidad, plantea una pregunta mucho más estratégica:
¿Cómo fortalecer un modelo que ha demostrado su enorme valor social para que continúe siendo sostenible durante las próximas décadas?
Responder esa pregunta exige diálogo técnico, consenso institucional y una visión de largo plazo. La modernización normativa no debería verse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para consolidar un sector cooperativo más sólido, transparente, resiliente y preparado para afrontar los desafíos del siglo XXI, manteniendo intactos los valores que le dieron origen y que hoy siguen siendo su principal fortaleza.
Una excelente visión de lo que enfrentamos como sector cooperativo. Felicidades Katia por todo el conocimiento que pones a disposición de los cooperativistas.
El sector cooperativo es un pilar para la economía y sostenibilidad del país, extendiendo oportunidad de crecimiento y mejor vida a muchas familias dominicanas, por lo que requiere seguir alineado a los requerimientos de transparencia y buena gobernanza que presenta nuestro marco regulatorio actual y las nuevas tendencias globales que son partes de los nuevos riesgos y desafíos actuales.