El presidente aseguró que las modificaciones consensuadas ya fueron remitidas al Congreso y confía en que serán aprobadas antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación, prevista para el 3 de agosto.
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader reconoció este domingo que tanto el Gobierno como diversos sectores de la sociedad civil debieron comenzar antes el proceso de revisión del nuevo Código Penal, luego de que su aprobación diera paso a cuestionamientos sobre algunos de sus artículos.
Durante una entrevista concedida al Grupo de Comunicaciones Corripio, el mandatario admitió que existió un retraso en el análisis de la legislación y expresó que el proceso de revisión debió iniciarse inmediatamente después de su aprobación.
«Hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos hacerlo inmediatamente se aprobó», manifestó el jefe de Estado al referirse al trabajo conjunto entre el Gobierno y representantes de la sociedad civil.
Abinader informó que el Poder Ejecutivo ya depositó ante el Congreso Nacional un conjunto de modificaciones consensuadas, resultado de varias semanas de diálogo con comunicadores, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
El gobernante afirmó que esos cambios serán conocidos y aprobados antes del próximo 3 de agosto, fecha establecida para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
Asimismo, explicó que las modificaciones buscan fortalecer el equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y la protección de derechos fundamentales como la intimidad, el honor y la dignidad de las personas.
El mandatario recordó que la reforma del Código Penal permaneció alrededor de 15 años en discusión en el Congreso Nacional y que, tras su aprobación, se concedió un período de un año antes de su entrada en vigor para permitir la realización de ajustes.
En otro orden, Abinader rechazó las acusaciones de que las modificaciones constituyan una «ley mordaza» y reiteró su compromiso con la libertad de expresión y el fortalecimiento de la democracia.
El presidente sostuvo que las críticas al Gobierno son necesarias para el funcionamiento democrático y aseguró que la propuesta sometida al Congreso procura garantizar tanto el libre ejercicio de la expresión como la protección de los derechos de los ciudadanos.
