El gremio pidió a la Cámara de Diputados modificar varias disposiciones del proyecto al considerar que su redacción podría afectar el ejercicio de la función docente y generar inseguridad jurídica.
Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó a la Cámara de Diputados modificar varios artículos del proyecto del nuevo Código Penal, al entender que, tal como están redactados, podrían criminalizar las medidas disciplinarias, pedagógicas y correctivas aplicadas por docentes, directores y orientadores en los centros educativos.
En una comunicación remitida a la Secretaría General Legislativa, el gremio magisterial expresó que respalda el fortalecimiento de la protección de los niños, niñas y adolescentes, pero sostuvo que la reforma penal debe mantener un equilibrio entre esa protección y las garantías constitucionales de quienes ejercen la labor docente.
La carta, firmada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y el consultor jurídico nacional del sindicato, John A. Bello, señala que algunos artículos contienen términos amplios o poco precisos que podrían dar lugar a interpretaciones que afecten el ejercicio legítimo de la función docente, la actividad sindical y derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y organización.
Entre las observaciones figura el artículo relativo al hostigamiento e intimidación (bullying). La ADP propone aclarar que las medidas disciplinarias, pedagógicas, correctivas o de protección adoptadas por docentes, siempre que sean objetivas, razonables y conforme a la legislación educativa, no sean consideradas conductas delictivas.
El gremio también cuestionó el artículo sobre el abandono de niños, niñas y adolescentes, al considerar que equipara la responsabilidad de los maestros con la de padres, madres o tutores. La organización argumentó que el deber de cuidado del docente es temporal y limitado al ámbito de sus funciones, por lo que pidió revisar esa agravante.
Asimismo, la ADP recomendó precisar otros conceptos incluidos en el proyecto, como el término «presión», para evitar que actuaciones pedagógicas legítimas puedan ser interpretadas como delitos. Según el sindicato, sus propuestas buscan contribuir a una legislación «más clara, justa y equilibrada», sin crear privilegios para los docentes ni limitar las sanciones contra quienes realmente incurran en conductas ilícitas.
