La iniciativa busca declarar esta cadena montañosa como una zona de protección especial, con el objetivo de preservar sus recursos hídricos, la biodiversidad y los ecosistemas frente a actividades de explotación minera.
Santo Domingo.– Un proyecto de ley fue sometido ante el Congreso Nacional con el propósito de blindar la Cordillera Septentrional frente a la explotación minera metálica, mediante la creación de un régimen especial de protección ambiental que prohíba este tipo de actividad en una de las principales reservas ecológicas de la República Dominicana.
La propuesta legislativa busca garantizar la conservación de los recursos naturales de la Cordillera Septentrional, considerada una zona estratégica por su riqueza en biodiversidad y por albergar importantes cuencas hidrográficas que abastecen de agua a comunidades y sectores productivos del norte del país.
De acuerdo con los promotores de la iniciativa, el proyecto pretende impedir la explotación de minerales metálicos en toda la extensión de la cordillera, argumentando que estas actividades podrían representar riesgos para los ecosistemas, las fuentes acuíferas, la agricultura y la calidad de vida de las poblaciones asentadas en la región.
La iniciativa también plantea fortalecer el marco legal de protección ambiental y promover un modelo de desarrollo sostenible que priorice la conservación de los bosques, la producción agrícola, el ecoturismo y otras actividades compatibles con la preservación de los recursos naturales.
El proyecto surge en medio del debate nacional sobre la exploración minera en distintas zonas del país. A principios de este año, el Ministerio de Energía y Minas reiteró que no existe ningún plan para desarrollar proyectos de explotación minera en la Cordillera Septentrional y precisó que los trabajos realizados en esa área han sido únicamente de exploración y bajo supervisión del Estado.
De ser aprobada, la legislación establecería una prohibición expresa para otorgar concesiones destinadas a la explotación de minerales metálicos dentro del área protegida, reforzando las disposiciones ambientales existentes y limitando futuras autorizaciones de esta naturaleza.
La iniciativa deberá ser conocida por las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados antes de iniciar el proceso de discusión y eventual aprobación en ambas cámaras del Congreso Nacional, conforme al procedimiento legislativo establecido.
En los últimos años, distintos sectores ambientales, comunitarios y productivos han manifestado preocupación por el impacto que podrían generar proyectos extractivos en zonas de alto valor ecológico, mientras que las autoridades han reiterado que cualquier iniciativa minera debe cumplir estrictamente con las evaluaciones técnicas y ambientales previstas en la legislación dominicana antes de recibir una eventual autorización.
