Santo Domingo Este concentra la mayor cantidad de reportes. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que los conflictos generados por el ruido pueden escalar hasta convertirse en discusiones, agresiones y otros hechos de violencia.
SANTO DOMINGO, RD. — Más de 82 mil denuncias por contaminación sónica han sido registradas en lo que va de 2026 en el Gran Santo Domingo, una cifra que refleja la magnitud de un problema que trasciende las molestias ocasionadas por el ruido y que, de acuerdo con la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, puede convertirse en un factor detonante de conflictos y hechos violentos.
Reynoso explicó que las denuncias se reciben prácticamente todos los días de la semana y no están relacionadas exclusivamente con actividades nocturnas, sino también con diferentes situaciones de convivencia entre vecinos y comunidades.
Dentro del Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este concentra la mayor cantidad de reportes, lo que evidencia la frecuencia con que este tipo de conflictos se presenta en esa demarcación.
Del ruido a los conflictos violentos
La procuradora consideró que la contaminación sónica debe ser abordada como un problema de convivencia ciudadana y no únicamente como una infracción relacionada con el exceso de ruido.
Según Reynoso, situaciones aparentemente cotidianas pueden escalar rápidamente cuando no existen mecanismos adecuados de diálogo y conciliación. Entre los ejemplos mencionó discusiones por música a alto volumen, estacionamientos y otras diferencias entre ciudadanos.
La funcionaria sostuvo que más del 70 % de los hechos de violencia que se producen actualmente están relacionados con la conflictividad social, una proporción que, según explicó, anteriormente se situaba entre el 58 % y el 60 %.
Como muestra de cómo una diferencia cotidiana puede terminar en consecuencias fatales, Reynoso citó un caso ocurrido recientemente en Santiago, donde una discusión por 50 pesos terminó con la muerte de una persona.
“Lamentablemente, no hay una cultura de conciliación, de buscar alternativas y de conversar”, planteó la procuradora al referirse a la necesidad de prevenir que los conflictos ciudadanos evolucionen hacia situaciones de mayor gravedad.
Presión sobre las instituciones
El elevado número de denuncias por contaminación sónica también representa una carga adicional para instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Público, que deben destinar personal y recursos para responder a los casos reportados.
Ante este escenario, Reynoso consideró necesario fortalecer una respuesta basada no solamente en la persecución de las infracciones, sino también en la prevención, la mediación y la convivencia pacífica, con mecanismos capaces de intervenir antes de que los conflictos lleguen a convertirse en agresiones.
La procuradora vinculó además esta problemática con otras expresiones de violencia presentes en la sociedad dominicana. Indicó que durante 2025 el Ministerio Público recibió más de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual, incluyendo unas 26 mil relacionadas con amenazas.
Reynoso propone un pacto de Estado
Frente a la dimensión que atribuye al fenómeno de la violencia y la conflictividad social, la procuradora general planteó la necesidad de impulsar un pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad.
La propuesta, explicó, debería involucrar a distintos sectores de la sociedad, entre ellos el Gobierno, el sector empresarial, los partidos políticos, la academia, los centros educativos, los medios de comunicación, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, las iglesias y la ciudadanía.
Reynoso insistió en que la problemática requiere una “mirada holística”, debido a que la prevención de la violencia no puede depender exclusivamente de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia.
Las cifras de contaminación sónica en el Gran Santo Domingo vuelven a colocar sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de convivencia y respuesta ante los conflictos comunitarios, especialmente en una zona donde miles de ciudadanos recurren cada año a las autoridades para denunciar situaciones relacionadas con el exceso de ruido.
