El Tribunal Superior Administrativo ordenó la terminación de los contratos de concesión de Quisqueya I, tras determinar incumplimientos relacionados con la explotación minera, obligaciones económicas, laborales y entrega de informes técnicos.
Santo Domingo, RD.– El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a una relación contractual de casi siete décadas entre el Estado dominicano y Falconbridge Dominicana (Falcondo), al ordenar la terminación de los contratos de concesión minera correspondientes a los yacimientos de Quisqueya I, ubicados entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del TSA mediante la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, luego de acoger la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) en representación del Estado dominicano.
Los contratos alcanzados por el fallo fueron suscritos originalmente el 24 de diciembre de 1956 y posteriormente el 26 de septiembre de 1969, y otorgaban derechos para la explotación de recursos mineros en una extensión aproximada de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.
Incumplimientos determinaron la decisión
Entre los elementos considerados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya I desde el 17 de noviembre de 2023, situación certificada por la Dirección General de Minería.
El TSA también tomó en consideración que Falcondo no había presentado los informes semestrales de progreso correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones correspondientes a 2023 y 2024.
Para el tribunal, estos incumplimientos estaban directamente relacionados con obligaciones esenciales de la concesión, tanto en lo referente al aprovechamiento de los recursos mineros como al suministro de información técnica requerida por las autoridades.
La decisión también estableció que la prolongada inactividad de la concesión tenía incidencia sobre el interés general vinculado al aprovechamiento de los recursos minerales del país, por lo que los incumplimientos acreditados fueron considerados suficientemente graves para justificar la terminación de los contratos.
Un golpe a una empresa con décadas de operaciones
La decisión judicial representa un punto de inflexión para Falcondo, empresa vinculada durante décadas a la explotación de níquel y ferroníquel en la zona de Bonao y comunidades de Monseñor Nouel.
La paralización de sus operaciones ha tenido repercusiones importantes en el ámbito laboral y económico. Según los reportes publicados sobre el caso, más de 900 trabajadores fueron desvinculados durante 2024, mientras que otro grupo de exempleados desvinculado en marzo de 2026 mantiene reclamaciones laborales que rondan los RD$300 millones.
La actividad de Falcondo también generó durante décadas empleos directos e indirectos, además de una amplia red de contratistas y suplidores que dependían de las operaciones mineras, particularmente en Monseñor Nouel.
La decisión no significa la liquidación de Falcondo
El fallo del TSA se refiere específicamente a los contratos de concesión minera de Quisqueya I y no implica, por sí mismo, la liquidación de Falconbridge Dominicana.
La empresa se encuentra además vinculada a un proceso de reestructuración mercantil bajo la Ley 141-15, procedimiento que sigue una vía judicial independiente y en el que deberán determinarse las obligaciones pendientes frente a trabajadores, acreedores, contratistas y otros sectores relacionados con la compañía.
La terminación de la concesión abre ahora un nuevo escenario para el Estado dominicano en relación con los recursos mineros comprendidos en Quisqueya I, mientras permanecen sobre la mesa las consecuencias económicas, laborales y sociales derivadas de la paralización de las operaciones.
Un capítulo que llega a su fin
Con la sentencia del TSA, llega a su fin una relación contractual iniciada hace casi 70 años, cuando el Estado dominicano otorgó a Falcondo derechos para la explotación minera en una de las zonas de mayor tradición minera del país.
El caso marca un nuevo capítulo en el manejo de las concesiones de recursos naturales en República Dominicana y plantea interrogantes sobre el futuro de los yacimientos de Quisqueya I, la situación de los trabajadores afectados y el destino de las obligaciones económicas acumuladas durante el período de inactividad.
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