Antoliano Peralta Romero, Celso Juan Marranzini y César Dargam encabezaron un encuentro en el que abordaron la incorporación activa del sector empresarial al Sistema Nacional de Derechos Humanos y la participación de las empresas en la construcción de su reglamento.
Santo Domingo, RD.– El Ministerio de Justicia y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) fortalecen sus canales de diálogo y colaboración con el objetivo de promover una mayor participación del sector empresarial en las políticas y mecanismos relacionados con la protección de los Derechos Humanos en República Dominicana.
La iniciativa fue abordada durante un encuentro celebrado en la sede del CONEP, encabezado por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el presidente del organismo empresarial, Celso Juan Marranzini; y su vicepresidente ejecutivo, César Dargam.
Durante la reunión, representantes de ambas instituciones analizaron los avances alcanzados en la puesta en marcha del Sistema Nacional de Derechos Humanos, así como la importancia de incorporar de manera activa al sector privado en los espacios de participación contemplados dentro de este mecanismo.
Buscan acercar los derechos humanos al sector empresarial
Uno de los principales puntos tratados fue la necesidad de establecer un diálogo permanente entre las autoridades y las empresas para abordar los derechos humanos desde una perspectiva práctica, tomando en cuenta las situaciones y desafíos que enfrenta el sector productivo en el desarrollo de sus actividades.
La propuesta procura que las empresas no sean únicamente receptoras de las políticas públicas en materia de derechos humanos, sino que puedan aportar experiencias, propuestas y observaciones que contribuyan al fortalecimiento del sistema nacional.
En ese sentido, el encuentro entre Justicia y CONEP representa un espacio para identificar mecanismos de colaboración que permitan integrar las perspectivas del sector privado en las políticas relacionadas con derechos fundamentales.
Participación en la construcción del reglamento
Otro de los aspectos abordados fue la necesidad de continuar creando espacios de socialización y consulta que permitan recoger los aportes del sector empresarial al proceso de elaboración del reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
La participación del empresariado en esta etapa busca contribuir a que las normas y procedimientos que regirán el sistema respondan a la realidad nacional y contemplen las particularidades de los distintos sectores de la sociedad.
El diálogo también procura generar mayor comprensión sobre las responsabilidades y oportunidades que tienen las empresas en la promoción y respeto de los derechos humanos dentro de sus actividades.
Un nuevo espacio de coordinación institucional
El Ministerio de Justicia, creado como parte de la reorganización institucional del sistema de justicia dominicano, tiene entre sus ámbitos de actuación la coordinación de políticas públicas vinculadas con esta materia.
La incorporación del sector privado a los mecanismos de diálogo constituye uno de los elementos que las autoridades procuran impulsar para ampliar la participación de diferentes actores sociales en la construcción de políticas de derechos humanos.
Desde el CONEP, la participación en estas discusiones permite al sector empresarial presentar sus inquietudes y propuestas, además de contribuir a la construcción de un marco institucional que favorezca la protección de los derechos fundamentales y, al mismo tiempo, tome en consideración la realidad de las empresas.
Continuarán los encuentros
Como resultado de la reunión, ambas entidades plantearon mantener y ampliar los espacios de diálogo y consulta, con el propósito de dar seguimiento a los avances del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
La intención es que estos encuentros permitan fortalecer la cooperación entre el Estado y el sector empresarial y generar propuestas que contribuyan a consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito público y privado.
El acercamiento entre el Ministerio de Justicia y el CONEP se produce en un momento en que República Dominicana avanza en la estructuración de su nuevo esquema institucional de derechos humanos, con la participación de distintos sectores de la sociedad.
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