Aunque el Gobierno impulsa la interoperabilidad para conectar las instituciones públicas y reducir el papeleo, todavía no existe una fecha concreta para que los ciudadanos dejen de presentar documentos que ya reposan en otras dependencias estatales.
SANTO DOMINGO.— La promesa de construir un Estado más ágil y digital choca todavía con una realidad que afecta diariamente a miles de ciudadanos: instituciones públicas que continúan solicitando documentos e informaciones que ya se encuentran en poder de otras entidades gubernamentales.
La contradicción resulta evidente en momentos en que el Gobierno dominicano impulsa la transformación digital y dispone de una Plataforma Única de Interoperabilidad destinada precisamente a permitir que las instituciones compartan y validen información sin obligar al ciudadano a convertirse en mensajero entre oficinas públicas.
La plataforma ya permite el intercambio de información entre organismos como la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Migración, la Junta Central Electoral (JCE), el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). Sin embargo, su implementación continúa siendo progresiva.
El problema es que, pese a los avances tecnológicos anunciados, todavía no existe una fecha única para que todas las instituciones estén conectadas ni una meta oficial que determine qué porcentaje de los trámites dejará de exigir documentos que ya posee el Estado.
Esto mantiene abierta una vieja práctica administrativa: el ciudadano obtiene una certificación en una institución pública, paga por ella y luego debe trasladarse a otra dependencia para entregarla, aun cuando ambas forman parte del mismo aparato estatal.
La tecnología avanza, pero la burocracia permanece
La Ogtic ha señalado que la interoperabilidad busca eliminar duplicidades documentales y facilitar que las instituciones compartan datos de manera segura, estandarizada y oportuna.
Pero la transición no ocurre al mismo ritmo en todo el Estado.
Cada institución debe elaborar y presentar su propio plan de interoperabilidad y adecuación institucional ante el Ministerio de Administración Pública (MAP), mientras la Ogtic tiene a su cargo la operación técnica de la plataforma.
Mientras ese proceso avanza, los ciudadanos siguen enfrentando trámites en los que deben presentar documentos que, en teoría, el Estado podría consultar directamente.
¿Quién paga el costo de la burocracia?
La demora en eliminar estos procedimientos no solo representa una molestia. También implica tiempo perdido, gastos de transporte, permisos laborales, filas y, en determinados casos, pagos por certificaciones que ya existen en bases de datos oficiales.
El Gobierno ha informado avances importantes en materia de transformación digital. La Ogtic, por ejemplo, reportó que durante 2025 el programa Burocracia Cero redujo en 70 % el tiempo de trámites prioritarios y generó ahorros superiores a RD$2,000 millones para ciudadanos y Estado.
Sin embargo, la existencia de estos avances no elimina la pregunta central: ¿por qué un ciudadano todavía tiene que demostrarle al Estado algo que otra institución del propio Estado ya sabe?
Un cambio que todavía no tiene fecha definitiva
La interoperabilidad representa una oportunidad para modernizar profundamente la administración pública dominicana, pero su éxito dependerá de que la integración tecnológica se traduzca realmente en menos requisitos para la población.
Por ahora, la transformación está en marcha, pero no existe garantía de que todos los trámites dejen de exigir documentos repetidos en el corto plazo.
El desafío, por tanto, no es solamente conectar computadoras o crear plataformas digitales. El verdadero reto consiste en cambiar la cultura burocrática de las instituciones y colocar al ciudadano en el centro de los servicios públicos.
Porque si el Estado ya tiene la información, seguir obligando al ciudadano a llevarla de una oficina a otra no es digitalización: es burocracia con nuevas herramientas.
