El aumento de las tarifas salariales para los trabajadores de la construcción mejora los ingresos de miles de obreros, pero también abre un nuevo frente para contratistas, desarrolladores y familias que enfrentan un mercado inmobiliario cada vez más costoso.
Santo Domingo.– El sector de la construcción inicia una nueva etapa en materia salarial con un aumento de 20 % en las tarifas mínimas aplicables a sus trabajadores, una decisión que busca mejorar las condiciones económicas de quienes laboran en uno de los sectores que más empleos genera en República Dominicana.
Las nuevas tarifas forman parte de las resoluciones salariales del sector construcción y establecen montos diferenciados según la categoría y el tipo de trabajo desempeñado. El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) ha divulgado las resoluciones que contemplan este incremento. (Codia)
El reajuste representa un avance para los trabajadores, particularmente para quienes reciben sus ingresos bajo esquemas de jornal o pago por destajo, modalidades habituales en las obras de construcción.
Un aumento que no termina en el bolsillo del trabajador
Aunque el incremento salarial constituye una reivindicación para los obreros, su impacto no se limita a la nómina de las empresas constructoras.
Cada aumento en el costo de la mano de obra puede trasladarse progresivamente al presupuesto de una obra, especialmente cuando se combina con el precio de los materiales, transporte, combustibles, alquiler de equipos y otros componentes de la construcción.
Ese efecto adquiere mayor importancia en un país donde el acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales desafíos para las familias de ingresos medios y bajos.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a si los trabajadores deben ganar más —una necesidad evidente frente al costo de vida—, sino a cómo absorber el incremento sin que termine convirtiéndose en otro factor que encarezca las viviendas y las obras públicas y privadas.
El trabajador gana, pero el mercado también paga
Las cifras del mercado muestran que la construcción mantiene una estructura salarial particular. Un albañil de primera puede recibir alrededor de RD$2,000 por jornada de ocho horas, mientras que las categorías inferiores tienen tarifas menores, según referencias divulgadas sobre el régimen salarial del sector. (CazVid)
El problema aparece cuando el aumento de los costos laborales se combina con una cadena de precios que ya viene presionando al sector.
Para las pequeñas constructoras y contratistas, especialmente aquellas que trabajan con márgenes reducidos, un incremento del 20 % en la mano de obra representa un desafío financiero considerable.
Para las grandes empresas, en cambio, la capacidad de absorber parte del aumento puede ser mayor, aunque eventualmente también pueden incorporarlo a sus presupuestos y precios finales.
La construcción enfrenta una ecuación cada vez más compleja
El Gobierno ha defendido los aumentos salariales como una herramienta para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. De hecho, desde febrero de 2026 entró en vigor una segunda etapa del incremento del salario mínimo del sector privado no sectorizado, completando un aumento nominal de 20 % entre febrero de 2025 y febrero de 2026. (Presidencia Dominicana)
Sin embargo, el verdadero desafío está en evitar que los aumentos salariales terminen neutralizados por el incremento generalizado del costo de bienes y servicios.
Un trabajador que gana más, pero enfrenta simultáneamente mayores precios de alimentos, transporte, alquiler y vivienda, no necesariamente experimenta una mejora proporcional de su poder adquisitivo.
En la construcción ocurre algo similar: mejorar el salario del obrero es necesario, pero también lo es garantizar productividad, formalización, capacitación y estabilidad de los proyectos.
Más salario debe significar también más productividad
El incremento salarial debería estar acompañado de políticas que incentiven la profesionalización de la mano de obra, la capacitación técnica y el cumplimiento de las normas de seguridad.
Un trabajador mejor remunerado y capacitado puede contribuir a reducir desperdicios, accidentes, retrasos y trabajos defectuosos, elementos que también terminan elevando el costo final de una obra.
Por eso, el aumento salarial no debería verse únicamente como un gasto adicional para el constructor, sino como una oportunidad para elevar la calidad y productividad de la industria.
La pregunta ahora es si el sector público y privado tendrán la capacidad de absorber el nuevo costo sin trasladarlo completamente al consumidor.
Porque mientras el trabajador espera que el aumento de 20 % se traduzca en una mejor calidad de vida, las familias que buscan construir o comprar una vivienda esperan que el precio de esa vivienda no siga alejándose de sus posibilidades económicas.
El equilibrio entre mejores salarios, productividad y costos finales será, en definitiva, la verdadera prueba para la construcción dominicana.
