El magistrado de la Suprema Corte de Justicia señaló que la IA puede contribuir a agilizar la administración de justicia, pero advirtió sobre el riesgo de que genere información falsa con apariencia de certeza y defendió la permanencia del criterio humano en las decisiones judiciales.
Santo Domingo, República Dominicana.— El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Justiniano Montero Montero, advirtió este martes que la inteligencia artificial (IA) no puede sustituir la función de los jueces, debido a los riesgos que implica delegar en sistemas tecnológicos decisiones que pueden afectar directamente los derechos de las personas.
El magistrado hizo la afirmación durante su entrevista de evaluación de desempeño ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), donde fue cuestionado sobre los límites entre la automatización tecnológica y la responsabilidad humana dentro de la administración de justicia.
Montero sostuvo que las herramientas digitales pueden convertirse en instrumentos útiles para agilizar procesos y mejorar la eficiencia de los tribunales, pero enfatizó que la decisión judicial debe permanecer bajo responsabilidad de un juez.
“La tecnología no puede sustituir la función del juez”, afirmó el magistrado durante su comparecencia ante el CNM.
Advierte sobre información falsa generada por IA
Uno de los principales riesgos señalados por Montero está relacionado con la capacidad de los sistemas de inteligencia artificial para producir información incorrecta que puede presentarse de manera convincente.
El juez explicó que estas herramientas pueden generar respuestas que aparentan ser verdaderas, aunque contengan errores o información que no corresponda con la realidad.
Por esa razón, consideró necesario mantener la supervisión humana cuando la inteligencia artificial sea utilizada dentro del sistema judicial.
El planteamiento adquiere especial importancia debido al creciente uso de herramientas de IA en diferentes áreas profesionales, incluida la administración de justicia, donde una información incorrecta podría tener consecuencias sobre procesos, decisiones y derechos fundamentales.
La IA como herramienta de apoyo
Montero no rechazó el uso de la tecnología en los tribunales. Por el contrario, reconoció que las herramientas digitales pueden contribuir a hacer más eficiente el trabajo judicial.
La diferencia, explicó, está en que la tecnología debe utilizarse como apoyo al juez y no como sustituto de su criterio.
En ese sentido, la inteligencia artificial puede ayudar en tareas que permitan ahorrar tiempo y organizar información, pero la valoración de los elementos de un caso y la decisión final deben continuar bajo responsabilidad de los magistrados.
Este principio coincide con una tendencia internacional que busca establecer límites para el uso de la IA en los sistemas judiciales, especialmente en aquellas funciones que pueden afectar derechos fundamentales.
República Dominicana avanza en la digitalización judicial
El Poder Judicial dominicano ya ha comenzado a incorporar herramientas de inteligencia artificial dentro de sus procesos.
De acuerdo con Diario Libre, en julio de este año se informó sobre la implementación de un proyecto piloto de Microsoft Copilot en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, además de su utilización en áreas administrativas y de apoyo a los tribunales. La institución ha establecido que estas tecnologías deben funcionar como herramientas de apoyo y no sustituir el criterio jurisdiccional.
Montero ha tenido participación directa en el proceso de transformación tecnológica de la justicia dominicana. Formó parte de la comisión que trabajó en la elaboración de la Ley 339-22 sobre Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial y posteriormente participó en la implementación y actualización de su reglamento.
Durante su evaluación, el magistrado defendió que la modernización tecnológica debe preservar lo que definió como “el rostro humano de la administración de justicia”, una visión que también relacionó con su trabajo académico sobre ética judicial.
Montero presenta resultados de su gestión
Durante la entrevista ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el juez también presentó indicadores relacionados con el desempeño de la Primera Sala de la Suprema Corte.
Según los datos expuestos por el magistrado, desde abril de 2019 esa sala ha producido 27,482 decisiones, mientras que él ha sido ponente en 7,108, equivalentes aproximadamente al 26 % del total.
Montero explicó además que desde que asumió la presidencia de la Primera Sala, en enero de 2026, se estableció un esquema para dar prioridad a expedientes considerados sensibles, entre ellos casos de arbitraje, referimientos, embargos inmobiliarios, asuntos de familia y particiones.
Como resultado de estas medidas, afirmó que el tiempo promedio para decidir asuntos de arbitraje se redujo de 162 a 28 días, mientras que las demandas en suspensión pasaron de aproximadamente 60 a 11 días.
Cuestiona aplicación del interés casacional
Otro de los temas abordados durante la evaluación fue la aplicación del denominado interés casacional, mecanismo que, según Montero, está funcionando como una vía de restricción para el acceso a la Suprema Corte.
El magistrado reveló que, de alrededor de 300 decisiones emitidas durante un período que no precisó, “200 y algo” correspondieron a casos declarados inadmisibles mediante esta figura.
Explicó que la Suprema Corte ha atravesado diferentes etapas en la aplicación del interés casacional y que inicialmente se permitió un acceso más flexible debido a que se trataba de una legislación nueva.
Posteriormente, indicó, el criterio fue endurecido y la Primera Sala procura actualmente adecuar la aplicación de la figura a los objetivos establecidos por la legislación.
El desafío de modernizar la justicia sin perder el componente humano
Las declaraciones de Justiniano Montero colocan nuevamente sobre la mesa el debate acerca del papel que debe desempeñar la inteligencia artificial en los sistemas judiciales.
El avance de estas tecnologías ofrece posibilidades para agilizar procesos, organizar grandes cantidades de información y facilitar determinadas labores administrativas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre la responsabilidad, la transparencia y la posibilidad de errores cuando las decisiones se apoyan excesivamente en sistemas automatizados.
Para el magistrado, la modernización de la justicia no debe significar la desaparición del elemento humano. La tecnología puede convertirse en una herramienta para mejorar el funcionamiento de los tribunales, pero la responsabilidad de interpretar la ley, valorar las circunstancias de cada caso y emitir una decisión debe permanecer en manos de los jueces.
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