Millones de pesos se invierten en proyectos que terminan inconclusos, se deterioran o pierden prioridad con los cambios de gestión, mientras el Estado vuelve a gastar para reparar, completar o reconstruir lo que ya había sido pagado.
En República Dominicana, construir una obra pública no siempre significa garantizar que llegue a funcionar. Carreteras, hospitales, escuelas, mercados, instalaciones deportivas y otras infraestructuras han quedado atrapadas durante años en un ciclo que se repite: se anuncian, se presupuestan, comienzan a ejecutarse, quedan paralizadas y, tiempo después, vuelven a aparecer en los planes de inversión pública.
El problema no termina con el abandono. Cuando una obra permanece paralizada durante meses o años, los materiales se deterioran, los costos aumentan y, en muchos casos, el proyecto requiere nuevas evaluaciones, modificaciones presupuestarias y recursos adicionales para poder ser retomado.
Así surge un círculo vicioso que compromete la eficiencia del gasto público: construir, abandonar, deteriorar y reconstruir.
Detrás de cada proyecto inconcluso también quedan comunidades que esperan servicios prometidos. Una escuela sin terminar obliga a estudiantes a permanecer en condiciones inadecuadas; un hospital que no entra en funcionamiento limita la atención sanitaria; una carretera paralizada mantiene dificultades de movilidad y una instalación deportiva abandonada convierte una inversión millonaria en una estructura que pierde utilidad antes de ser inaugurada.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en cuánto cuesta construir una obra, sino en cuánto termina costándole al Estado no concluirla a tiempo.
Expertos en administración pública han advertido durante años que la planificación deficiente, los cambios en prioridades gubernamentales, los problemas de diseño, las dificultades de financiamiento, los procesos de contratación y la falta de seguimiento efectivo pueden contribuir a que proyectos públicos se prolonguen mucho más allá de los plazos originalmente establecidos.
El impacto tampoco es exclusivamente financiero. Cada obra que permanece inconclusa representa una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de una comunidad y erosiona la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para convertir sus anuncios en resultados.
El desafío está en romper con la lógica de inaugurar nuevos proyectos mientras otros permanecen abandonados. Una política pública eficiente debería priorizar la terminación de las obras estratégicas, transparentar sus costos reales, establecer responsables y aplicar mecanismos de seguimiento que permitan detectar a tiempo retrasos, sobrecostos e incumplimientos.
Porque cuando una obra pública se abandona, el país no solo pierde tiempo: también pierde dinero, oportunidades y confianza.
