Productores aseguran que llevan más de una década ocupando y trabajando los terrenos y cuestionan la validez de un título de propiedad emitido en 2026
SANTO DOMINGO, RD.– Un grupo de agricultores acudió este lunes ante las autoridades para denunciar lo que calificaron como una situación de abuso e injusticia relacionada con terrenos que aseguran ocupar y trabajar desde hace más de 10 años, al tiempo que solicitaron la intervención del Gobierno para evitar nuevos desalojos.
Durante sus declaraciones, los manifestantes cuestionaron que se pretenda aplicar un procedimiento de desalojo tomando como fundamento un título de propiedad emitido en 2026, cuando, según explicaron, existen familias que llevan entre 10 y 15 años ocupando y trabajando esas tierras.
Uno de los voceros cuestionó la situación y planteó: “¿En qué cabeza de un ser humano puede ser que un título de propiedad sea del 2026?”, al considerar que no debería desconocerse la permanencia de personas que, según sus testimonios, han desarrollado actividades agrícolas durante más de una década.
Los reclamantes también señalaron al Instituto Agrario y cuestionaron la actuación de esa institución frente al conflicto. Afirmaron que, pese a que entienden que debe intervenir en el proceso, los afectados han tenido que acudir por otras vías para reclamar sus derechos.
Cuestionan titularidad de los terrenos
Durante el encuentro con los medios, un periodista preguntó a nombre de quién figura el supuesto título utilizado como fundamento del conflicto.
Los voceros indicaron que, según el documento que tenían en su poder, aparece a nombre de Robert E. Brady y Santa Cecilia Mosquea Soto de Brady, aunque será necesario verificar documentalmente el alcance y la validez del título, así como su relación con los terrenos reclamados por los agricultores.
Una de las representantes afirmó que los ocupantes llevan más de una década trabajando las tierras y rechazó que sean considerados invasores.
“Nos han violentado, nos han atacado como si fuésemos animales”, manifestó, al explicar que en los terrenos existen cultivos y que las familias han dedicado años a trabajar la tierra.
Denuncian desalojo y destrucción de vivienda
Entre los testimonios presentados durante la actividad estuvo el de una mujer identificada como Dulce Minerva, quien relató entre lágrimas la experiencia que, según afirmó, vivió durante un operativo de desalojo.
La mujer explicó que se encontraba en un centro de salud cuando llegaron personas anunciando que se realizaría un desalojo y ordenando a los ocupantes abandonar el lugar.
Según su relato, su esposo se encontraba enfermo y tenía dificultades para caminar, por lo que tuvo que salir junto a él prácticamente de inmediato.
“Mi esposo no podía caminar y yo le caí atrás a mi esposo”, relató, al describir las circunstancias en las que abandonaron la vivienda.
La afectada aseguró además que su casa fue destruida durante el procedimiento y que perdió sus pertenencias.
“Me rompieron toda la casita. Fue desbaratada. Ahí no hay nada”, expresó.
Dulce afirmó que actualmente permanece en una vivienda prestada y que no cuenta con un lugar propio donde vivir.
Asegura que llevaba 11 años trabajando las tierras
La mujer sostuvo que llevaba 11 años en esos terrenos, los cuales, según describió, originalmente eran una zona montañosa y con el paso del tiempo fueron transformados mediante trabajo agrícola.
Explicó que actualmente la propiedad cuenta con diferentes cultivos, entre ellos cocos, naranjas y orégano, como resultado del trabajo desarrollado durante años por las familias que ocupaban el lugar.
“Eso era una montaña y hoy está sembrada de todo”, afirmó.
La afectada pidió directamente la intervención del presidente de la República para encontrar una solución al conflicto.
“Yo pido, por favor, que hagan algo por mí, el Presidente, que haga algo por mí”, expresó.
Piden investigar el procedimiento
Los reclamantes cuestionaron que durante un supuesto desalojo se hayan retirado bienes personales de las viviendas.
Una de las voceras sostuvo que, si se trataba de un procedimiento de desalojo, debía limitarse a la ejecución de esa medida y no implicar, según su denuncia, la desaparición de los ajuares de las familias.
“Se supone que si usted está haciendo un desalojo, usted está haciendo un desalojo, no un robo”, afirmó.
Los manifestantes reclamaron que las autoridades correspondientes investiguen lo ocurrido, determinen bajo qué condiciones se ejecutó el desalojo y establezcan la situación jurídica de los terrenos.
También pidieron que se escuche a las familias afectadas antes de adoptar nuevas medidas que puedan dejarlas sin vivienda o afectar sus medios de subsistencia.
Reclaman una solución al conflicto
Los agricultores insistieron en que su presencia en los terrenos no responde a una ocupación reciente, sino a años de trabajo y permanencia.
Por ello, solicitaron que las instituciones responsables del ordenamiento y titulación de tierras revisen los documentos existentes, determinen la situación legal de las parcelas y establezcan las responsabilidades correspondientes.
La controversia gira ahora en torno a la titularidad de los terrenos, la situación de las familias que aseguran haberlos trabajado durante más de una década y la legalidad del procedimiento de desalojo denunciado.
Mientras esperan una respuesta oficial, los afectados pidieron al Gobierno intervenir para evitar que el conflicto se profundice y garantizar que cualquier actuación sobre las tierras se realice conforme al debido proceso y respetando los derechos de las personas involucradas.
