Joel Santos advierte que quienes no pagan la luz deberán regularizar su situación; el desafío del sistema eléctrico es combinar la persecución del fraude con inversiones que mejoren la calidad del suministro y la respuesta a los consumidores.
SANTO DOMINGO, RD. — El Gobierno dominicano prepara un endurecimiento de la gestión de cobro del servicio eléctrico para presionar a los usuarios que no pagan sus facturas y combatir el fraude, una decisión que vuelve a colocar bajo escrutinio la relación entre las obligaciones de los consumidores y la calidad del suministro que reciben.
El ministro de Energía y Minas y presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Joel Santos, advirtió que quienes mantienen deudas o no cumplen con el pago de la energía tendrán que gestionar su regularización, como parte de una estrategia que combinará inversiones en infraestructura con mayores controles contra las irregularidades.
«Van a tener que ir haciendo su gestión para que paguen la energía», expresó el funcionario, al referirse a las medidas comerciales que las autoridades pretenden implementar. Santos reconoció que la aplicación de estas acciones puede generar fricciones y sostuvo que el combate al fraude eléctrico constituye uno de los asuntos que deberá afrontar el sector.
La advertencia abre un debate que trasciende la recuperación de los recursos de las distribuidoras: mientras las autoridades exigen mayor cumplimiento de pago, los usuarios también demandan electricidad estable, facturación transparente y soluciones ante las interrupciones y otras deficiencias del servicio.
Cobrar más no resuelve por sí solo la crisis eléctrica
La regularización de los clientes y la reducción del fraude son objetivos importantes para la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, la eficacia de esas medidas también debe evaluarse por su capacidad para mejorar la distribución y reducir las pérdidas que afectan las finanzas del sector.
El reto consiste en evitar que la gestión comercial se convierta en el principal indicador de desempeño de las empresas distribuidoras, sin que exista una evaluación igualmente rigurosa de la continuidad del suministro, la atención de las reclamaciones y la calidad del servicio.
Para los hogares dominicanos, la electricidad representa un gasto recurrente que compite con otras necesidades básicas. Cuando el monto de la factura aumenta por un mayor consumo, especialmente durante períodos de altas temperaturas, la presión económica puede intensificarse incluso sin una modificación de la tarifa por kilovatio hora.
Por esa razón, es necesario distinguir entre un aumento de la tarifa eléctrica, un incremento del consumo y una facturación cuestionada. Cada situación tiene causas diferentes y requiere información verificable para que los consumidores puedan conocer qué están pagando y por qué.
Inversiones bajo la lupa de los consumidores
Santos ha señalado que la estrategia combinará inversiones con medidas contra el fraude. No obstante, la ciudadanía necesita conocer cómo esas acciones se traducirán en mejoras concretas para los usuarios.
La modernización de las redes, el fortalecimiento de las subestaciones, la reducción de las pérdidas técnicas y comerciales y la corrección de las deficiencias operativas son elementos fundamentales para avanzar hacia un servicio más confiable.
El desempeño de las distribuidoras debe medirse tanto por su capacidad para cobrar la energía suministrada como por los resultados de sus inversiones, la reducción de las interrupciones y la respuesta a los reclamos por facturas elevadas o posibles errores de medición.
La Superintendencia de Electricidad dispone de mecanismos de orientación para los consumidores, mientras que Protecom recibe reclamaciones cuando las distribuidoras no responden dentro del plazo establecido o el usuario no está conforme con la solución ofrecida. Estos canales son relevantes para quienes cuestionan una factura o denuncian irregularidades en el servicio.
Una obligación compartida, con responsabilidades distintas
El pago de la electricidad es una obligación de los clientes, pero la prestación de un servicio adecuado también constituye una responsabilidad esencial de las empresas distribuidoras. El combate al fraude no sustituye la necesidad de mejorar la calidad del suministro, del mismo modo que las deficiencias del servicio no justifican el robo de energía.
La discusión de fondo es cómo conseguir que las medidas de cobro, la fiscalización y las inversiones produzcan un sistema financieramente sostenible y, al mismo tiempo, más confiable para la población.
Mientras el Gobierno se dispone a reforzar la presión sobre los usuarios que no pagan, la ciudadanía espera que la misma determinación se refleje en la solución de los problemas que afectan el servicio eléctrico.
El desafío del sector no es solamente conseguir que todos paguen la luz, sino garantizar que los recursos recaudados contribuyan a ofrecer un suministro eficiente, transparente y acorde con las necesidades de los dominicanos.
MCN-Noticias
