De los detenidos, 13 han sido judicializados, según datos presentados por el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito durante una reunión encabezada por la procuradora Yeni Berenice Reynoso.
SANTO DOMINGO, RD.– Un total de 59 personas vinculadas a presuntas actividades de contrabando y comercio ilícito fueron detenidas durante el año 2026 en la República Dominicana, de las cuales 13 han sido judicializadas, de acuerdo con cifras presentadas por el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito.
Los datos fueron divulgados durante una reunión encabezada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en la que representantes de instituciones públicas y del sector privado analizaron los resultados de las acciones conjuntas desarrolladas para combatir estas prácticas ilegales en el país.
El encuentro sirvió como espacio para evaluar los avances alcanzados mediante la coordinación entre las autoridades y los sectores empresariales, así como para examinar los desafíos que persisten en la prevención, detección y persecución de las actividades comerciales ilícitas.
13 personas han sido judicializadas
De acuerdo con las estadísticas presentadas, las autoridades han detenido a 59 personas relacionadas con investigaciones sobre contrabando y comercio ilícito durante 2026. De ese total, 13 han sido judicializadas, lo que refleja que una parte de los casos ha avanzado hacia los procedimientos correspondientes ante el sistema de justicia.
La judicialización constituye una etapa del proceso legal y no implica, por sí sola, que las personas involucradas hayan sido declaradas culpables. La determinación de responsabilidades penales corresponde a los tribunales, conforme a las pruebas presentadas y al debido proceso.
Aunque las cifras ofrecen un balance de las actuaciones realizadas durante el año, la información suministrada no especifica los tipos de mercancías involucradas, los montos económicos asociados a las operaciones investigadas ni la distribución territorial de las detenciones.
Coordinación entre el sector público y privado
La reunión encabezada por la procuradora general puso de relieve la importancia de mantener la cooperación entre las instituciones estatales y el sector privado para enfrentar el contrabando y otras modalidades de comercio ilícito.
Estas prácticas pueden afectar la competencia comercial, perjudicar a los negocios que cumplen con sus obligaciones legales y fiscales, y reducir los ingresos que el Estado percibe por concepto de impuestos y aranceles, dependiendo de la naturaleza de las operaciones involucradas.
La articulación interinstitucional busca fortalecer los mecanismos de prevención, mejorar la identificación de posibles irregularidades y facilitar que las investigaciones avancen conforme a los procedimientos establecidos por la legislación dominicana.
Un desafío para las autoridades
El combate al comercio ilícito requiere acciones coordinadas de vigilancia, investigación y persecución judicial, además de mecanismos que permitan identificar las redes involucradas y determinar las responsabilidades individuales en cada caso.
Los resultados presentados por el Consejo Interinstitucional Público-Privado de Prevención del Comercio Ilícito ofrecen un balance de las detenciones y judicializaciones registradas durante 2026. Sin embargo, para dimensionar el alcance de estas operaciones también será importante conocer la cantidad de casos concluidos, las sentencias obtenidas y el impacto económico de las actividades detectadas.
Las autoridades y los representantes del sector privado continúan evaluando las medidas conjuntas dirigidas a enfrentar este fenómeno y fortalecer el cumplimiento de las normas que regulan las actividades comerciales en la República Dominicana.
