La institución envió a su inspector general a la provincia fronteriza para esclarecer el altercado ocurrido durante una intervención policial en el municipio de Comendador. El caso generó reacciones en el Congreso Nacional y reavivó el debate sobre el respeto a la inmunidad parlamentaria y los procedimientos de los agentes del orden.
ELÍAS PIÑA, RD.– La Policía Nacional inició una investigación para esclarecer el incidente ocurrido en el municipio de Comendador, provincia Elías Piña, en el que varios agentes colocaron esposas a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo, representante del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El hecho se produjo la tarde del domingo 11 de octubre, durante una intervención policial en una estación de combustible donde se desarrollaba una actividad festiva en el marco de las celebraciones patronales de la provincia.
De acuerdo con los reportes publicados sobre el incidente, los agentes intentaban detener a un joven tras un altercado presuntamente relacionado con el volumen de la música. En medio del procedimiento, la legisladora intervino para solicitar que dejaran tranquilo al ciudadano, situación que derivó en una discusión con los uniformados.
Videos difundidos en las redes sociales muestran a varios policías rodeando a Martínez y colocándole esposas, mientras ciudadanos presentes reclamaban por la actuación de los agentes. Posteriormente, las esposas fueron retiradas.
Policía niega que la legisladora fuera arrestada
La institución del orden negó que la diputada fuera formalmente arrestada y anunció que las circunstancias del procedimiento serían investigadas para establecer si los agentes actuaron conforme a las normas institucionales.
El director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, instruyó al inspector general, general Martín Tapia Sánchez, a trasladarse a Elías Piña para encabezar las indagatorias.
Como parte de las diligencias, el inspector general se reunió con la legisladora en su residencia y tenía previsto entrevistar a las autoridades locales y a los agentes que participaron en la intervención.
La Policía informó que, si se comprueban excesos o actuaciones contrarias a los reglamentos, se procederá conforme a las disposiciones correspondientes y se remitirán los casos a las instancias competentes.
Alfredo Pacheco condena la actuación policial
El incidente provocó la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, quien condenó lo ocurrido y recordó las garantías constitucionales que protegen a los legisladores durante el ejercicio de sus funciones.
Pacheco señaló que el artículo 86 de la Constitución dominicana establece que ningún senador o diputado puede ser privado de su libertad durante la legislatura sin autorización de la cámara a la que pertenece, salvo cuando sea sorprendido en el momento de cometer un crimen.
El titular de la Cámara Baja insistió en que las autoridades deben respetar la Constitución y las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa, independientemente de las circunstancias en que se produzca una intervención policial.
¿Qué establece la Constitución dominicana?
El artículo 86 de la Constitución contempla una protección especial para los miembros del Congreso Nacional frente a la privación de libertad durante la legislatura, con la excepción prevista para los casos de flagrante delito.
Esta disposición busca proteger el ejercicio de las funciones legislativas y evitar actuaciones arbitrarias que puedan afectar la independencia del Poder Legislativo.
No obstante, la inmunidad parlamentaria no significa que los congresistas estén exentos de responsabilidad ante la justicia. La propia Constitución establece procedimientos para que puedan responder por hechos que ameriten una investigación judicial.
En el caso de Martínez, corresponderá a las autoridades esclarecer las circunstancias del incidente, determinar la naturaleza del procedimiento realizado por los agentes y establecer si hubo alguna actuación contraria a las disposiciones legales o reglamentarias.
Investigación deberá determinar posibles responsabilidades
El caso ha generado atención pública debido a que las imágenes difundidas muestran a una representante del Congreso Nacional con esposas durante una intervención policial, mientras la institución sostiene que no se produjo un arresto formal.
La investigación busca establecer qué motivó la actuación de los agentes, cómo se desarrolló el altercado y si se respetaron las garantías correspondientes.
Mientras se esperan los resultados de las indagatorias, el episodio vuelve a colocar sobre la mesa la importancia de que los procedimientos policiales se ejecuten con apego a la ley, respeto a los derechos fundamentales y cumplimiento de las garantías constitucionales.
La Policía Nacional indicó que los resultados de la investigación permitirán determinar las responsabilidades que correspondan, en caso de comprobarse irregularidades.
