La organización opositora asegura que entre 2020 y octubre de 2026 se han registrado 1,152 fallecimientos en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales. También cuestiona las estadísticas oficiales de homicidios, denuncia miles de órdenes de arresto pendientes y reclama investigaciones independientes y rendición de cuentas.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — El partido Fuerza del Pueblo (FP) cuestionó el aumento de las muertes registradas durante intervenciones policiales en la República Dominicana y calificó como un fracaso la política de seguridad ciudadana del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que las medidas de mano dura no han resuelto los problemas de delincuencia e inseguridad que afectan a la población.
La denuncia fue presentada este martes por Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa en la que afirmó que los levantamientos realizados por esa organización contabilizan 1,152 muertes entre 2020 y octubre de 2026 en hechos reportados como intercambios de disparos o acciones legales.
La dirigente opositora cuestionó la contradicción que, a su juicio, existe entre los mensajes oficiales sobre la reducción de la delincuencia y el endurecimiento de las medidas policiales anunciadas por las autoridades.
“Durante seis años, el Gobierno del PRM ha repetido que la delincuencia ha disminuido. Lo ha dicho en informes, en ruedas de prensa y en campañas publicitarias. Sin embargo, hoy opta por la mano dura contra la delincuencia. Si todo estaba mejorando, ¿por qué ahora mano dura?”, expresó Reynoso.
La representante de la FP sostuvo que el temor y la inseguridad continúan presentes en la vida cotidiana de los dominicanos y reclamó que las políticas públicas de seguridad sean evaluadas a partir de resultados verificables, el respeto a los derechos fundamentales y la capacidad de prevenir hechos violentos.
Fuerza del Pueblo presenta cifras de muertes durante intervenciones policiales
Durante su exposición, Reynoso ofreció cifras que atribuyó a los registros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la organización política. Según indicó, durante 2021 se contabilizaron 76 muertes en intervenciones policiales; en 2022, 139; en 2024, 226; y en 2025, 214.
Para 2026, la dirigente situó la cifra en aproximadamente 236 fallecimientos hasta el momento de la declaración.
La funcionaria partidaria vinculó estos datos con la política de mano dura promovida por las autoridades, incluyendo el denominado código 1.29, que calificó como una “cortina de humo” frente a las deficiencias que, según la organización, persisten en los planes gubernamentales de seguridad ciudadana.
Las cifras y las interpretaciones presentadas corresponden a los levantamientos citados por la Fuerza del Pueblo y requieren ser contrastadas con los registros oficiales y otras fuentes independientes para establecer su alcance y metodología.
Reclaman respeto al derecho a la vida y controles sobre el uso de la fuerza
Uno de los principales planteamientos de la organización opositora fue la necesidad de garantizar que las actuaciones policiales se desarrollen dentro del marco constitucional y legal.
Reynoso recordó que la Constitución dominicana protege el derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte, por lo que afirmó que ninguna institución estatal puede atribuirse la facultad de decidir arbitrariamente sobre la vida de un ciudadano.
No obstante, aclaró que la Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de los agentes policiales a defenderse y proteger a la población frente a amenazas reales.
“La Fuerza del Pueblo reconoce el derecho de nuestros policías a proteger sus vidas y las de los ciudadanos frente a amenazas reales”, manifestó.
La dirigente precisó que el cuestionamiento de su organización se dirige al uso de la fuerza letal cuando, según denunció, no se respetan las garantías legales correspondientes.
“Lo que rechazamos es que la fuerza letal se utilice al margen de los principios de legalidad, proporcionalidad y el debido proceso”, sostuvo.
En ese contexto, reclamó investigaciones sobre las muertes ocurridas durante intervenciones policiales y defendió la necesidad de fortalecer la capacitación de los agentes, mejorar sus equipos de trabajo, establecer protocolos claros y garantizar el respaldo institucional necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Cuestionan las estadísticas oficiales de homicidios
La Fuerza del Pueblo también puso en duda la metodología utilizada por las autoridades para calcular la tasa de homicidios en el país.
De acuerdo con Reynoso, mientras el Gobierno presenta una tasa de 7.36 homicidios por cada 100,000 habitantes, los cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la organización arrojan una estimación anualizada de 11.8.
La dirigente alegó que determinados fallecimientos no estarían siendo incorporados de la misma manera en los indicadores oficiales, entre ellos las muertes ocurridas durante intercambios de disparos, las víctimas extranjeras y los homicidios clasificados como indeterminados.
A juicio de la organización opositora, esas diferencias de clasificación podrían afectar la interpretación de las estadísticas y dificultar una evaluación completa de la violencia.
Sin embargo, para establecer si existe una discrepancia estadística y determinar su magnitud, resulta necesario comparar las definiciones, los períodos de medición y los criterios de inclusión utilizados por cada fuente.
La FP reclamó mayor transparencia en la publicación de los datos y pidió que los indicadores de seguridad permitan conocer con precisión la evolución de los homicidios y otros delitos violentos.
Denuncian más de 53,000 órdenes de arresto pendientes
Otro de los puntos centrales de la rueda de prensa fue la cantidad de órdenes de arresto que, según Reynoso, permanecen pendientes de ejecución.
La dirigente afirmó que la propia Policía Nacional habría reconocido la existencia de 53,877 órdenes de arresto pendientes, entre las cuales identificó las siguientes categorías:
- 17,635 relacionadas con violencia intrafamiliar.
- 11,587 por robos.
- 4,018 por agresiones sexuales.
- 2,681 por homicidios.
Reynoso cuestionó que esta situación persista después de más de 110 reuniones de seguimiento a la seguridad ciudadana y advirtió sobre los riesgos que la falta de ejecución oportuna de órdenes judiciales puede representar para las víctimas y la población.
Las cifras citadas por la dirigente fueron presentadas como parte de la denuncia política de la FP y no se acompañaron, en la información suministrada, de documentación que permita verificar de manera independiente su distribución y vigencia.
La organización considera que el cumplimiento de las órdenes de arresto y el fortalecimiento de las investigaciones criminales deben ocupar un lugar prioritario en cualquier estrategia destinada a reducir la violencia.
FP alerta sobre feminicidios y protección de las víctimas
La titular de Seguridad Ciudadana también expresó preocupación por la violencia contra las mujeres y aseguró que los levantamientos de la Fuerza del Pueblo registran más de 416 feminicidios entre 2020 y 2026.
Asimismo, citó datos atribuidos a la Fundación Vida sin Violencia, según los cuales los feminicidios íntimos, cometidos por parejas o exparejas, habrían pasado de 50 durante el año anterior a más de 70 en lo que va de 2026.
La dirigente agregó que se contabilizan más de 103 huérfanos vinculados a estos hechos y cuestionó si algunas de esas muertes pudieron evitarse mediante una intervención oportuna de las instituciones responsables de atender las denuncias y proteger a las víctimas.
“¿Cuántas de esas muertes pudieron haberse evitado mediante una intervención oportuna?”, preguntó Reynoso.
La representante opositora insistió en la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, atender las denuncias de violencia intrafamiliar y garantizar una respuesta institucional que permita reducir los riesgos antes de que se produzcan agresiones de consecuencias irreversibles.
Exigen rendición de cuentas sobre los planes de seguridad
La Fuerza del Pueblo reclamó explicaciones sobre los recursos invertidos en los distintos planes de seguridad ciudadana anunciados por el Gobierno durante los últimos seis años.
Reynoso afirmó que durante ese período se han presentado más de siete planes y se han producido cambios en la dirección de los organismos responsables, sin que, según su valoración, se haya cumplido la promesa gubernamental de reducir en un 50 % la tasa de homicidios.
La dirigente mencionó los cambios de directores de la Policía Nacional, ministros de Interior y Policía y asesores o comisionados internacionales como parte de los elementos que, a su juicio, deben evaluarse para determinar la efectividad de las medidas implementadas.
La organización pidió que las autoridades presenten resultados verificables, expliquen el uso de los recursos destinados a seguridad y establezcan responsabilidades por las políticas ejecutadas.
Leonel Fernández propone diálogo nacional sobre seguridad
Como alternativa, la Fuerza del Pueblo reiteró su respaldo a la propuesta de diálogo nacional planteada por su presidente, Leonel Fernández, para construir una estrategia integral de seguridad ciudadana.
Según la organización, esa estrategia debe combinar prevención del delito, investigación criminal, incorporación de tecnología, coordinación entre las instituciones y respeto a los derechos fundamentales.
Reynoso sostuvo que la seguridad ciudadana no puede depender exclusivamente del endurecimiento de las acciones policiales, sino que requiere planificación, evaluación permanente y mecanismos efectivos para perseguir el delito dentro del marco legal.
“Después de seis años, el Gobierno debe presentar resultados verificables, explicar sus decisiones y asumir las responsabilidades que le corresponden. ¡Basta de improvisación! El país necesita prevención, justicia y resultados”, concluyó.
En la rueda de prensa participaron, además, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, José David Báez; el diputado y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Tobías Crespo; la titular de la Secretaría de Seguridad Social, Yadira Peña; el titular de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Emergencias, Wilkin Moreno, y otros dirigentes de esa organización política.
La denuncia de la FP coloca nuevamente en el debate público la actuación policial, la transparencia de las estadísticas criminales y la efectividad de las políticas de seguridad ciudadana, asuntos cuya evaluación requiere información verificable, investigaciones oportunas y rendición de cuentas por parte de las instituciones responsables.
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