La iniciativa del diputado del PQDC propone mecanismos de registro, supervisión y vigilancia de organizaciones religiosas, culturales y educativas, además de sanciones económicas y posibles clausuras por incumplimiento. El proyecto invoca la seguridad nacional y la defensa del orden constitucional dominicano.
SANTO DOMINGO, RD. – El diputado del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Elías Wessin Chávez, reintrodujo un proyecto de ley orientado a prevenir el extremismo religioso en la República Dominicana, mediante disposiciones que buscan regular la construcción y el funcionamiento de mezquitas, así como impedir la aplicación de normas de la sharía o ley islámica que contradigan la Constitución y el ordenamiento jurídico nacional.
La propuesta legislativa contempla mecanismos de registro, supervisión y vigilancia de organizaciones religiosas, culturales y educativas, con el propósito de establecer controles sobre sus actividades y garantizar, según los objetivos expuestos en la iniciativa, que estas se desarrollen dentro del marco legal dominicano.
El proyecto también prevé sanciones económicas y la posible clausura de establecimientos que incumplan las disposiciones que se pretenden establecer, lo que abriría un debate legislativo sobre el alcance de la regulación estatal de las organizaciones religiosas y los límites de estas medidas frente a los derechos fundamentales.
Restricciones a la construcción y funcionamiento de mezquitas
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de restricciones relacionadas con la construcción y el funcionamiento de mezquitas en el territorio dominicano.
La propuesta busca establecer controles sobre este tipo de establecimientos religiosos dentro de un marco que, según su autor, estaría dirigido a prevenir manifestaciones de extremismo y proteger la seguridad nacional.
Asimismo, plantea impedir que se apliquen normas religiosas, incluidas disposiciones de la sharía, cuando entren en contradicción con la Constitución de la República Dominicana o con las leyes vigentes.
Este planteamiento sitúa en el centro de la discusión la relación entre la libertad religiosa, la regulación de las organizaciones de culto y la obligación de que todas las personas y entidades respeten el ordenamiento jurídico nacional.
Registro y vigilancia de organizaciones religiosas
La iniciativa legislativa propone establecer procedimientos de registro y supervisión para organizaciones religiosas, culturales y educativas. También contempla sanciones económicas y la posibilidad de cerrar establecimientos que incurran en infracciones contempladas en la futura normativa.
De acuerdo con los objetivos atribuidos al proyecto, estos mecanismos procurarían identificar y prevenir actividades que pudieran representar riesgos para la seguridad nacional o contravenir las disposiciones constitucionales.
Sin embargo, el alcance concreto de estas medidas dependerá del contenido íntegro del proyecto, de las disposiciones que finalmente sean aprobadas y de su compatibilidad con los derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
Seguridad nacional y derechos fundamentales en el debate
Wessin Chávez plantea que la propuesta busca preservar la seguridad nacional, el orden constitucional y la identidad cultural dominicana, evitando la imposición de normas religiosas que entren en conflicto con las leyes del país.
No obstante, una eventual regulación de esta naturaleza también plantea cuestiones jurídicas relacionadas con la libertad de conciencia y de culto, la igualdad ante la ley y la libertad de asociación, derechos protegidos por la Constitución dominicana.
En ese contexto, el debate legislativo deberá distinguir entre la prevención de conductas extremistas que vulneren la ley y el ejercicio legítimo de la libertad religiosa, sin presumir que la pertenencia a una religión constituye por sí misma una amenaza para la seguridad pública.
La reintroducción del proyecto coloca nuevamente sobre la mesa la discusión acerca de los mecanismos que puede utilizar el Estado para proteger el orden constitucional y, al mismo tiempo, garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
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