Santo Domingo. América Latina y el Caribe continúan siendo la región en desarrollo con mayores niveles de democracia en el mundo, pero sus ciudadanos exigen cada vez más que ese modelo político se traduzca en seguridad, oportunidades y mejoras concretas en su calidad de vida.
Esa es una de las principales conclusiones del Informe Regional sobre Desarrollo Humano 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Democracias bajo presión: Reimaginar los futuros de la democracia y el desarrollo en América Latina y el Caribe, presentado este lunes en Santo Domingo con la participación del presidente Luis Abinader y de la directora regional del organismo, Michelle Muschett.
El documento advierte que la principal amenaza para las democracias de la región no es únicamente el surgimiento de liderazgos autoritarios, sino la creciente frustración ciudadana ante instituciones incapaces de responder con eficacia a problemas como la inseguridad, la desigualdad, la corrupción, la polarización política y la desinformación.
Durante el acto, el presidente Abinader sostuvo que uno de los pilares de la estabilidad democrática dominicana ha sido la construcción de consensos nacionales más allá de las diferencias partidarias. Sin embargo, el propio informe evidencia que la legitimidad democrática ya no depende solo de elecciones libres, sino de la capacidad de los gobiernos para ofrecer resultados tangibles a la población.
Michelle Muschett señaló que el desafío consiste en transformar las presiones que enfrentan las democracias en oportunidades de progreso sin sacrificar las libertades ciudadanas. “La brecha entre la confianza en la democracia y las expectativas aún insatisfechas pone de relieve la necesidad de renovar el vínculo entre democracia, desarrollo y Estado”, afirmó.
El informe revela una paradoja inquietante en el Caribe: aunque el 57 % de la población considera que la democracia sigue siendo la mejor forma de gobierno, apenas un 32 % expresa satisfacción con su funcionamiento. En otras palabras, los ciudadanos no están renunciando a la democracia, pero sí cuestionan la capacidad de sus instituciones para resolver los problemas cotidianos.
La inseguridad figura entre las principales preocupaciones. La tasa de homicidios en el Caribe alcanza los 27.9 por cada 100 mil habitantes, superior al promedio regional, y el 59 % de esos casos está vinculado al crimen organizado. A ello se suman la vulnerabilidad frente al cambio climático, el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y las restricciones fiscales derivadas del elevado endeudamiento público en varios países de la subregión.
En el caso de República Dominicana, el PNUD reconoce avances en materia de libertades políticas, fortalecimiento electoral y reducción de la pobreza durante las últimas dos décadas. No obstante, advierte que persisten desafíos importantes relacionados con la participación política de las mujeres, la desigualdad y la necesidad de garantizar que el crecimiento económico beneficie a todos los sectores de la sociedad.
El informe también llama la atención sobre el impacto de la transformación digital. Aunque las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial representan oportunidades para ampliar servicios y promover la inclusión, el 76 % de la población considera que las redes sociales contienen niveles significativos de desinformación, un fenómeno que amenaza la calidad del debate público y profundiza la desconfianza institucional.
Más allá del diagnóstico, el mensaje del PNUD constituye una advertencia para los gobiernos de la región: la democracia no puede darse por sentada ni sostenerse únicamente mediante procesos electorales. Su supervivencia dependerá de la capacidad de los Estados para garantizar seguridad, reducir desigualdades, fortalecer sus instituciones y ofrecer respuestas efectivas a una ciudadanía cada vez más exigente.
En definitiva, América Latina y el Caribe no están abandonando la democracia; están reclamando una democracia que funcione.
