Santo Domingo.– La denuncia pública realizada por el comunicador Santiago Matías, “Alofoke”, tras asegurar que ha recibido amenazas de muerte y responsabilizar directamente al presidente Luis Abinader y a organismos de inteligencia del Estado, ha abierto uno de los debates más delicados de la vida pública dominicana reciente.
No se trata únicamente de las acusaciones formuladas por una figura mediática. Se trata del hombre que, durante dos décadas, construyó el ecosistema digital más influyente del país y logró convertir millones de visualizaciones en capacidad real de incidir en la agenda nacional.
La controversia adquiere mayor relevancia porque la relación entre Alofoke y el Gobierno no siempre estuvo marcada por la confrontación. Hace apenas semanas, el propio presidente Abinader utilizó la plataforma del comunicador para anunciar una decisión de alto interés nacional, reconociendo implícitamente el alcance de un medio que conecta con sectores donde la comunicación tradicional ha perdido terreno.
Ahora el escenario es distinto. Matías afirma que su vida corre peligro y, en lugar de acudir a las instituciones locales, apeló a la comunidad internacional y a la protección que le ofrece la exposición masiva de su plataforma. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no había emitido una respuesta oficial sobre sus declaraciones.
Más allá de la veracidad de las denuncias, cuya investigación corresponde a las autoridades competentes, el episodio revela una nueva realidad: el poder mediático ya no reside exclusivamente en los medios tradicionales ni en las estructuras del Estado. También habita en plataformas digitales capaces de movilizar millones de personas en tiempo real.
El caso Alofoke plantea una pregunta inevitable para la democracia dominicana: ¿cómo se relacionará el Estado con estos nuevos centros de influencia sin afectar las garantías institucionales y la libertad de expresión?
La respuesta marcará buena parte del futuro del debate público nacional.
