La decisión judicial representa un nuevo revés para la política de deportaciones masivas y reabre el debate sobre el debido proceso para los inmigrantes.
Washington, EE.UU. – Un juez federal de California bloqueó a nivel nacional la política de la administración del presidente Donald Trump que permitía a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestar a inmigrantes dentro y en las inmediaciones de los tribunales de inmigración.
En un fallo de 71 páginas, el magistrado P. Casey Pitts calificó la medida como «arbitraria y caprichosa», al considerar que el Gobierno eliminó restricciones previamente establecidas sin ofrecer una justificación legal suficiente ni evaluar el impacto que estos arrestos tienen sobre el acceso a la justicia.
La política había sido defendida por la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que facilitaba la detención de personas consideradas una amenaza para la seguridad pública y hacía más eficiente la ejecución de las órdenes de deportación. Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes denunciaron que la práctica sembraba temor y desincentivaba a miles de personas a presentarse a sus audiencias judiciales.
Para abogados y activistas, el fallo reafirma que los tribunales deben ser espacios de protección de derechos y no escenarios de operaciones migratorias. «Ningún inmigrante debería verse obligado a elegir entre su libertad y su derecho a ser escuchado ante un juez», señalaron representantes legales citados por medios estadounidenses.
La decisión judicial supone un nuevo revés para la estrategia migratoria de Trump, quien desde su retorno a la Casa Blanca ha impulsado una agenda de endurecimiento de las políticas migratorias, ampliando las deportaciones aceleradas y restringiendo diversas protecciones para los inmigrantes.
El caso también pone de relieve la creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo y el sistema judicial de Estados Unidos en materia migratoria. Mientras la administración Trump acusa a los tribunales de obstaculizar el cumplimiento de la ley, los jueces y organizaciones civiles sostienen que la seguridad nacional no puede utilizarse para justificar medidas que limiten el debido proceso y el acceso a la justicia.
