Las cifras oficiales reflejan un aumento de las muertes registradas como «acción legal», mientras crecen los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de agentes policiales y las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales.
Santo Domingo.– Al menos 146 personas han muerto durante presuntos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional en los primeros seis meses de 2026, de acuerdo con estadísticas oficiales y registros de hechos recientes, lo que representa un incremento con respecto al mismo período del año anterior.
Los datos oficiales, con corte al 26 de junio, registran 142 fallecidos bajo la categoría de «acción legal», un 16.4 % más que los 122 casos reportados durante el primer semestre de 2025. Sin embargo, la cifra aumentó a 146 tras la muerte de cuatro presuntos integrantes de la banda conocida como «Los Chucky de Los Frailes», abatidos durante un operativo de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), según la versión de la Policía Nacional.
Las estadísticas muestran una tendencia ascendente a lo largo del año. En enero se reportaron 19 muertes, en febrero 17, marzo 21, abril 25 y mayo 35, mientras que en apenas seis semanas el acumulado pasó de 93 a 142 fallecidos, reflejando un incremento sostenido en el uso de la fuerza letal durante operativos policiales.
El aumento de estos casos ocurre en medio de un intenso debate público sobre la actuación policial y el respeto a los derechos humanos. Diversos sectores han cuestionado que algunos hechos reportados oficialmente como intercambios de disparos podrían corresponder a ejecuciones extrajudiciales.
Uno de los episodios que más atención ha generado fue el ocurrido en La Vega, donde un video difundido en redes sociales muestra a un hombre recibiendo disparos mientras aparentemente tenía las manos en alto, situación que motivó cuestionamientos ciudadanos sobre los protocolos de actuación de los agentes.
Ante estos casos, la Policía Nacional ha reiterado que investigará cualquier actuación que viole la ley o los procedimientos institucionales y ha sostenido que los operativos se realizan en respuesta a agresiones por parte de presuntos delincuentes. Mientras tanto, organizaciones y especialistas insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.
