El periodista y dirigente cristiano considera que algunas disposiciones podrían entrar en conflicto con la Constitución y con acuerdos internacionales sobre derechos humanos, por lo que propone una revisión amplia y un proceso de consulta nacional.
Santo Domingo.– El periodista y dirigente cristiano Julio Garó exhortó al Gobierno dominicano y al Congreso Nacional a posponer la entrada en vigencia del nuevo Código Penal y someter la legislación a un proceso de revisión integral, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían entrar en contradicción con derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República Dominicana y por tratados internacionales suscritos por el país.
Garó sostuvo que toda reforma al sistema penal debe estar plenamente armonizada con los compromisos internacionales asumidos por la nación en materia de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), así como otros instrumentos que garantizan la dignidad humana, el debido proceso, la libertad de expresión y las garantías ciudadanas.
«El Estado dominicano tiene el deber de crear leyes que fortalezcan la justicia, pero siempre respetando los derechos fundamentales que han sido reconocidos tanto por nuestra Constitución como por los acuerdos internacionales que el país ha asumido», expresó.
El comunicador manifestó preocupación por cualquier disposición que pudiera interpretarse como una limitación al ejercicio de la libertad de expresión, al considerar que este derecho constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia.
Asimismo, afirmó que el fortalecimiento del sistema democrático depende de la existencia de espacios para el debate, la opinión y la fiscalización ciudadana, por lo que cualquier norma que genere dudas sobre el alcance de esos derechos debe ser objeto de un amplio consenso nacional.
En ese sentido, Garó llamó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional a promover un proceso de consultas con juristas, organizaciones sociales, instituciones religiosas, defensores de derechos humanos y representantes de diversos sectores de la sociedad, con el propósito de garantizar que el nuevo Código Penal responda a los principios de justicia, seguridad jurídica y respeto a las libertades públicas.
Finalmente, exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional para preservar la paz social y fortalecer el Estado de derecho, señalando que la revisión de la legislación representa una oportunidad para construir un marco penal moderno, equilibrado y acorde con los principios democráticos y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
