La iniciativa introduce nuevas categorías de carrera policial, endurece las sanciones por faltas graves y establece reglas más estrictas sobre el uso de la fuerza y la asignación de agentes.
Santo Domingo. El Senado de la República aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica 590-16 de la Policía Nacional, una iniciativa que busca modernizar la institución mediante cambios en su estructura organizativa, el régimen disciplinario, la carrera policial y los mecanismos de supervisión.
La propuesta fue aprobada con el respaldo de 24 de los 27 senadores presentes, luego de una extensa jornada de debate y de la lectura íntegra de los 315 artículos que conforman la pieza legislativa. El proyecto fue incorporado al orden del día tras recibir un informe favorable de la comisión correspondiente.
Entre los principales cambios, el proyecto reorganiza la carrera policial en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero, además de fortalecer la formación académica de los miembros de la institución con énfasis en el respeto de los derechos fundamentales, la profesionalización del servicio y la eficiencia operativa.
La iniciativa también establece criterios objetivos para el ingreso, permanencia, ascensos y reconocimientos dentro de la Policía Nacional, priorizando la preparación académica, el desempeño profesional y la conducta ética, al tiempo que busca eliminar el favoritismo y cualquier tipo de injerencia externa en la carrera policial.
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la regulación del uso de la fuerza. El proyecto dispone que esta solo podrá emplearse cuando sea estrictamente necesaria, de forma legal, proporcional y respetando los derechos humanos. Asimismo, contempla la utilización obligatoria de cámaras corporales durante los procedimientos y autoriza a los ciudadanos a grabar las actuaciones policiales. También prohíbe registros motivados por perfiles raciales, étnicos o cualquier otra forma de discriminación.
La propuesta incorpora además nuevas disposiciones para impedir que agentes policiales sean asignados de manera permanente a empresas privadas o particulares, salvo en los casos permitidos por la ley para instituciones públicas, bajo controles administrativos y mecanismos de auditoría. Igualmente, crea sanciones para las autoridades que dispongan el uso irregular del personal policial.
En materia de seguridad social, el proyecto contempla la creación del Plan Exclusivo de Pensiones de la Policía Nacional (AFP-PEPPN), el cual deberá comenzar a operar dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de la legislación.
La aprobación de la iniciativa ocurre en un contexto de creciente debate nacional sobre la reforma policial, tras varios casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes, hechos que han generado reclamos de distintos sectores para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas dentro de la institución.
El proyecto deberá ser conocido en una segunda lectura antes de continuar su trámite legislativo en el Congreso Nacional.
