Juristas, organizaciones de la sociedad civil y representantes del sector religioso expresan preocupación por la demora en la convocatoria del CNM, mientras 11 de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia permanecen con sus períodos constitucionales vencidos.
Santo Domingo.– Diversos sectores de la sociedad dominicana han intensificado los reclamos para que el presidente de la República convoque al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con el propósito de iniciar el proceso de evaluación, ratificación o sustitución de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuyos períodos constitucionales ya expiraron.
La preocupación surge porque 11 de los 17 magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia concluyeron el período constitucional de siete años para el que fueron designados, mientras aún no se ha fijado una fecha para la reunión del órgano encargado de decidir sobre su continuidad o eventual reemplazo.
Juristas y organizaciones de la sociedad civil advierten que la prolongación de esta situación podría afectar la seguridad jurídica y debilitar la confianza en las instituciones, al mantenerse en funciones magistrados cuyos mandatos ya vencieron sin que se haya agotado el procedimiento constitucional correspondiente.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, consideró que la demora envía una señal negativa sobre el compromiso institucional del país y exhortó al Poder Ejecutivo a explicar las razones por las que aún no ha convocado al CNM, recordando que el plazo previsto para este proceso concluyó hace varios meses.
En la misma línea, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, calificó el escenario como una «perturbación constitucional», al entender que la permanencia de jueces con períodos vencidos puede generar cuestionamientos sobre la legitimidad institucional de las decisiones emitidas por el más alto tribunal del país.
Al reclamo también se sumó el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE). Su presidente, Feliciano Lacen Custodio, afirmó que la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura debe realizarse con prontitud para garantizar el normal funcionamiento del sistema de justicia y preservar el respeto a los plazos establecidos por la Constitución.
Uno de los aspectos que marcará el proceso es la situación del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, quien forma parte de los magistrados que deben ser evaluados. Debido a ello, la legislación vigente establece que no podrá participar ni votar en las deliberaciones relacionadas con su propia evaluación, a fin de garantizar la imparcialidad del proceso y evitar conflictos de interés.
La Constitución de la República, en sus artículos 179, 180 y 181, atribuye al Consejo Nacional de la Magistratura la facultad exclusiva de designar y evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como a los integrantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, razón por la cual distintos sectores consideran urgente la convocatoria del organismo para preservar la institucionalidad del sistema judicial dominicano.
