La Procuraduría solicita cuatro meses adicionales para presentar acusación contra Santiago Hazim y otros nueve imputados, mientras crece la presión ciudadana para conocer el destino de miles de millones de pesos destinados a la salud
SANTO DOMINGO.– El caso SeNaSa vuelve a colocarse en el centro de la atención nacional con una pregunta que permanece abierta: ¿qué ocurrió con miles de millones de pesos que estaban destinados a garantizar servicios de salud a la población?
La Procuraduría General de la República solicitó cuatro meses adicionales para presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y otros nueve imputados en el caso denominado Operación Cobra.
Según el Ministerio Público, la investigación apunta a un presunto fraude contra el Estado que supera los RD$15,000 millones, una cifra que, por su magnitud, coloca el expediente entre los casos de mayor impacto económico y social de los últimos años.
Pero el verdadero alcance del caso no puede medirse únicamente en pesos.
SeNaSa administra recursos destinados a garantizar atención médica a millones de dominicanos, incluidos sectores de la población cuya posibilidad de recibir servicios de salud depende directamente de la cobertura pública.
Por eso, cualquier irregularidad que haya afectado esos recursos tiene una dimensión que trasciende lo financiero.
Un caso que toca directamente a la población
Si las acusaciones del Ministerio Público son demostradas ante los tribunales, el eventual perjuicio no habría recaído únicamente sobre las cuentas del Estado.
También habría afectado un sistema diseñado para proteger a ciudadanos que necesitan consultas, medicamentos, procedimientos y tratamientos médicos.
Ese es uno de los elementos que hacen particularmente sensible el caso SeNaSa.
No se trata solamente de determinar cuánto dinero habría sido sustraído, sino de establecer cómo ocurrió, quiénes participaron, quiénes pudieron beneficiarse y por qué los mecanismos de control institucional no lograron impedirlo o detectarlo oportunamente.
Las preguntas que esperan respuestas
A medida que avanza el proceso judicial, la sociedad dominicana tiene derecho a esperar respuestas concretas.
¿Cómo habría operado la estructura investigada?
¿Quiénes tenían capacidad para autorizar o ejecutar las operaciones cuestionadas?
¿Qué controles fueron vulnerados?
¿Quiénes se beneficiaron de los recursos presuntamente desviados?
¿Dónde están esos fondos?
Y, si finalmente se demuestra el perjuicio contra el Estado, ¿cuánto podrá ser recuperado?
Las respuestas deberán surgir de la investigación y de las pruebas que sean presentadas ante los tribunales. Corresponde a la justicia establecer las responsabilidades individuales, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de todos los imputados.
Cuatro meses más y una responsabilidad mayor
La solicitud de cuatro meses adicionales debe convertirse en una oportunidad para profundizar la investigación y presentar una acusación sólida.
Un expediente de esta magnitud no puede sustentarse en declaraciones, titulares o percepciones. Necesita pruebas capaces de resistir el escrutinio de los tribunales.
Pero el tiempo tampoco puede convertirse en una vía hacia el olvido.
La sociedad dominicana ha visto demasiados casos de corrupción ocupar durante semanas los titulares para luego perderse entre nuevos escándalos y otras urgencias nacionales.
El caso SeNaSa no debería correr esa suerte.
El dinero público exige vigilancia pública
La vigilancia ciudadana no significa condenar anticipadamente a los imputados.
Significa exigir que el proceso avance con transparencia, que las instituciones rindan cuentas y que cualquier responsabilidad penal sea establecida por los tribunales.
También significa exigir que, si se demuestra que recursos públicos fueron sustraídos, el Estado haga todo lo necesario para recuperarlos.
Pero hay una segunda obligación igualmente importante: determinar qué falló dentro de SeNaSa y corregirlo.
Porque una investigación puede establecer responsabilidades por lo ocurrido, pero las instituciones deben garantizar que hechos similares no vuelvan a repetirse.
La salud pública no puede convertirse en terreno para el abuso
Los recursos destinados a la salud tienen un valor que va mucho más allá de las cifras presupuestarias.
Detrás de cada peso destinado a SeNaSa hay un paciente que espera atención, una familia que necesita un tratamiento, un adulto mayor que requiere medicamentos o una persona vulnerable que depende del sistema para recibir servicios médicos.
Por eso, si las acusaciones son confirmadas judicialmente, el caso representaría mucho más que un desfalco económico.
Sería una agresión contra la confianza de los ciudadanos en las instituciones y contra un sistema cuya finalidad esencial es proteger la salud de la población.
El país necesita que la justicia determine la verdad y establezca responsabilidades.
Pero también necesita que la sociedad mantenga la mirada sobre el proceso hasta el final.
El caso SeNaSa no puede convertirse en un expediente más.
Cuando los recursos bajo investigación estaban destinados a la salud de los dominicanos, bajar la guardia también significa correr el riesgo de olvidar a quiénes debían beneficiar esos recursos.
