Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional que amplía de seis a siete años los períodos de las autoridades electas y restringe aún más la participación de la oposición
MANAGUA, Nicaragua. — El Parlamento de Nicaragua, dominado por el oficialismo del presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, aprobó una reforma constitucional que extiende de seis a siete años el período de las autoridades electas y deja sin efecto las elecciones generales previstas para noviembre de 2026.
Con la modificación, Ortega y Murillo permanecerán en el poder hasta 2028. La reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura, prevista para enero de 2027.
La enmienda también establece nuevas restricciones para quienes aspiren a cargos públicos o a dirigir organizaciones políticas. Quedan excluidas personas que el régimen considere vinculadas con intentos de golpe de Estado, financiamiento extranjero, sanciones internacionales o acciones consideradas contrarias a la soberanía nacional.
Además, amplía las facultades del Consejo Supremo Electoral para cancelar partidos y sancionar a candidatos o dirigentes políticos.
La decisión ocurre después de que Ortega planteara en julio la posibilidad de eliminar definitivamente las elecciones, propuesta que generó rechazo internacional, particularmente de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La reforma aprobada no elimina formalmente el sistema electoral, pero posterga los comicios y establece condiciones que, según sectores opositores, dificultan aún más una competencia política efectiva.
En 2021, los principales candidatos opositores fueron encarcelados antes de las elecciones presidenciales. La nueva reforma constitucionaliza restricciones que ya operaban en la práctica y otorga al oficialismo mayor control sobre quiénes pueden participar en la actividad política.
La OEA mantiene pendiente una reunión de cancilleres para analizar la situación nicaragüense, luego de que 29 países respaldaran su convocatoria. Brasil votó en contra y México se abstuvo.
De ser ratificada en enero, la reforma consolidará un nuevo calendario político en Nicaragua, con las próximas elecciones generales desplazadas hasta 2028.
