El representante legal del Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral afirma que la entidad bancaria incumple una decisión que, según su interpretación, adquirió autoridad de cosa irrevocablemente juzgada. El Banco Central, por su parte, sostiene que el fallo está sujeto a los recursos establecidos por la legislación.
SANTO DOMINGO, RD. — El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) enfrenta acciones de embargo luego de una controversia judicial con el Consorcio Mendes Junior-Méndez Cabral, que reclama el cumplimiento de una sentencia que condenó a la institución al pago de US$5 millones, o su equivalente en pesos dominicanos.
La decisión fue emitida el pasado 13 de agosto de 2026 por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en un proceso relacionado con un terreno de aproximadamente 5,000 metros cuadrados ubicado en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera, en Santo Domingo Oeste.
El abogado Jorge Lora Castillo, representante del consorcio, informó que se han trabado embargos retentivos contra fondos vinculados al Banco Central en instituciones financieras y organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de otras entidades financieras, administradoras de fondos de pensiones y fideicomisos.
Una disputa judicial de más de dos décadas
El conflicto tiene su origen en un contrato de dación en pago suscrito en 2004, mediante el cual el consorcio debía recibir un terreno como parte de la compensación por trabajos realizados en la construcción del tramo I de la Autopista Duarte.
Según los antecedentes del proceso, la deuda vinculada a esos trabajos ascendía a RD$38,805,457.90, y el acuerdo contemplaba una superficie de 5,000 metros cuadrados en los terrenos del antiguo aeropuerto de Herrera.
Sin embargo, el consorcio alegó que no pudo individualizar ni recibir la posesión del inmueble, debido a que los terrenos habían sido cedidos previamente a terceros, situación que dio paso a una prolongada disputa judicial.
El proceso acumuló decisiones de diferentes tribunales y dos fallos de casación de la Suprema Corte de Justicia, hasta llegar nuevamente a la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
Consorcio afirma que la sentencia es definitiva
Lora Castillo sostiene que la decisión del 13 de agosto es definitiva y que, conforme a su interpretación de la Ley 2-23 sobre Procedimiento de Casación, ya no sería susceptible de otro recurso, debido a que el tribunal falló luego de un envío realizado por la Suprema Corte de Justicia.
El abogado indicó además que la sentencia fue notificada al Banco Central mediante el acto número 1098/2026, diligenciado el pasado 21 de agosto.
A partir de esa posición, el consorcio procedió con acciones de embargo ante distintas entidades financieras y organismos internacionales, buscando hacer efectivo el monto establecido en la decisión judicial.
Banco Central sostiene una posición diferente
No obstante, el Banco Central ha rechazado la interpretación de que el proceso haya quedado definitivamente cerrado y ha señalado que la sentencia está sujeta a los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico dominicano.
La institución calificó como incompleta la versión que presenta el fallo como definitivo y sostuvo que el caso podría volver a ser conocido por la Suprema Corte de Justicia, dependiendo de los recursos que correspondan.
De esta manera, el conflicto mantiene dos posiciones jurídicas enfrentadas: mientras el consorcio considera que existe una decisión firme cuyo cumplimiento debe ejecutarse, el Banco Central entiende que todavía existen mecanismos procesales disponibles.
Debate sobre seguridad jurídica
La controversia ha generado un debate sobre el alcance de las decisiones judiciales, la ejecución de sentencias contra entidades estatales y las garantías de seguridad jurídica en el país.
El representante del consorcio ha cuestionado públicamente la posición asumida por el Banco Central y sostiene que el incumplimiento de una sentencia definitiva afectaría el Estado de derecho.
Por el momento, el eje de la disputa se concentra en determinar si la sentencia del 13 de agosto adquirió efectivamente autoridad de cosa irrevocablemente juzgada y si los embargos trabados contra fondos vinculados al Banco Central pueden ejecutarse conforme al marco legal vigente.
El caso permanece bajo seguimiento judicial y podría generar nuevas actuaciones ante los tribunales, mientras las partes mantienen posiciones contrapuestas sobre el alcance y la ejecución del fallo.
