La organización opositora solicita que el Congreso interpele a la ministra de Interior y Policía y al director de la Policía Nacional para que expliquen los protocolos de uso de la fuerza y las investigaciones sobre los fallecimientos durante intervenciones policiales.
Santo Domingo, RD.— Las muertes de personas durante operativos policiales han elevado el cuestionamiento sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes y los mecanismos de supervisión institucional. Ante esta situación, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pidió al Congreso Nacional interpelar a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, para que respondan sobre estos hechos.
La solicitud busca que las autoridades expliquen las circunstancias en que se producen las muertes durante las intervenciones, los protocolos aplicados por los agentes y el curso de las investigaciones destinadas a determinar si las actuaciones se ajustaron a la ley.
El planteamiento reabre un debate que va más allá de las estadísticas de criminalidad: la responsabilidad del Estado de proteger a la ciudadanía y, al mismo tiempo, garantizar que las fuerzas del orden actúen dentro de los límites legales.
Cifras bajo cuestionamiento
El dirigente peledeísta Temístocles Montás citó informaciones difundidas por medios de comunicación que sitúan en 55 las muertes atribuidas a actuaciones policiales durante septiembre. También hizo referencia a denuncias de organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre más de 180 fallecimientos durante intervenciones de agentes en los primeros meses de 2026.
Estas cifras, atribuidas al dirigente opositor, requieren una respuesta oficial que permita establecer el número de casos, las circunstancias de cada muerte y los resultados de las investigaciones correspondientes.
No todos los fallecimientos durante operativos policiales responden necesariamente a las mismas circunstancias. Por eso, resulta fundamental determinar cuáles ocurrieron en enfrentamientos armados, cuáles han generado denuncias por posible uso ilegítimo de la fuerza y qué conclusiones han alcanzado las autoridades investigadoras.
La ausencia de información pública suficientemente detallada dificulta que la ciudadanía pueda evaluar la actuación de las instituciones y conocer si se han establecido responsabilidades penales o administrativas.
El uso de la fuerza bajo escrutinio
El PLD sostiene que la lucha contra la delincuencia no puede justificar actuaciones al margen de la ley. Montás reconoció que los agentes tienen derecho a defender sus vidas y las de terceros frente a amenazas reales e inminentes, pero advirtió que esa facultad no ampara el uso de fuerza letal contra personas rendidas, detenidas o que ya no representan una amenaza.
La distinción resulta esencial. Que una persona muera durante un intercambio de disparos no demuestra, por sí solo, que se haya cometido una ejecución extrajudicial; sin embargo, la versión inicial de las autoridades tampoco sustituye una investigación independiente y sustentada en pruebas.
En ese contexto, el partido opositor reclamó investigaciones rigurosas sobre los fallecimientos y pidió al presidente Luis Abinader impartir instrucciones para garantizar el respeto al derecho a la vida.
También planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, preservar las evidencias y ofrecer información verificable sobre los expedientes abiertos, las investigaciones concluidas y las eventuales sanciones.
El Congreso ante la exigencia de rendición de cuentas
La petición del PLD se produce en medio de cuestionamientos sobre la respuesta institucional frente a las muertes durante intervenciones policiales. La organización considera que el Congreso debe utilizar sus facultades de fiscalización para conocer los procedimientos que rigen estas actuaciones y determinar qué controles existen para prevenir posibles abusos.
La eventual comparecencia de Faride Raful y del director policial permitiría abordar cuestiones centrales: cómo se supervisan los operativos, qué protocolos regulan el uso de armas de fuego, cómo se investigan las muertes y qué medidas se adoptan cuando aparecen indicios de irregularidades.
El desafío de las autoridades consiste en responder a la preocupación ciudadana por la delincuencia sin debilitar las garantías que deben regir toda actuación estatal. La seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales no son objetivos contrapuestos, sino obligaciones que deben cumplirse simultáneamente.
Más allá de las posiciones políticas, la exigencia de explicaciones plantea una pregunta que las instituciones deben responder con datos y resultados: ¿qué garantías existen para que cada muerte durante un operativo policial sea investigada con independencia, transparencia y rigor?
La respuesta no depende únicamente de las declaraciones oficiales, sino también de la calidad de las investigaciones, la publicación de estadísticas confiables y la determinación de responsabilidades cuando las pruebas demuestren que se ha vulnerado la ley.
