El dirigente del PLD defendió la educación y la formación como herramientas para enfrentar la criminalidad y reclamó respuestas coordinadas del Gobierno, Educación, Interior y Policía y el Ministerio Público ante la violencia que afecta a las comunidades.
SANTO DOMINGO, RD. — El dirigente político y educador Luis de León cuestionó los planteamientos que favorecen los intercambios de disparos como mecanismo para enfrentar la delincuencia y sostuvo que la educación, la formación en valores y la prevención deben ocupar un lugar central en las políticas públicas dirigidas a combatir la criminalidad en la República Dominicana.
Durante la rueda de prensa celebrada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), De León expresó preocupación por las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y muertes violentas atribuidas a actuaciones policiales, al considerar que estos hechos repercuten en el ambiente social y llegan también a las escuelas y centros educativos del país.
El educador planteó que el debate sobre la seguridad ciudadana no debe limitarse a las actuaciones de los organismos policiales, sino que debe incluir las medidas preventivas necesarias para impedir que la violencia se extienda a los espacios donde niños, adolescentes y jóvenes reciben formación académica.
A su juicio, la respuesta a la delincuencia debe combinar la actuación de las autoridades competentes con políticas educativas y sociales capaces de reducir los conflictos, fortalecer la convivencia y prevenir que los estudiantes se involucren en hechos violentos.
Advierte sobre el impacto de la violencia en las escuelas
De León señaló que las consecuencias de la violencia no se quedan únicamente en las calles y los barrios, sino que también pueden manifestarse en los centros educativos, particularmente en comunidades donde se registran enfrentamientos, conflictos entre estudiantes y actividades de grupos juveniles vinculados a pandillas.
En ese contexto, cuestionó qué están haciendo las autoridades para evitar que las escuelas primarias, secundarias y los politécnicos se conviertan en escenarios afectados por la inseguridad que golpea a determinados sectores de la sociedad dominicana.
El dirigente consideró necesario evaluar las medidas que se aplican para proteger a los estudiantes, prevenir las confrontaciones dentro y fuera de los planteles y garantizar que los centros educativos sean espacios seguros para el aprendizaje.
También planteó la necesidad de examinar cómo las actuaciones policiales cuestionadas por distintos sectores de la sociedad repercuten en el entorno escolar y en la percepción que desarrollan los jóvenes sobre la violencia y el uso de la fuerza.
Reclama acciones coordinadas de las autoridades
El educador dirigió sus cuestionamientos a las instituciones responsables de la educación, la seguridad ciudadana y la persecución del delito, al considerar que la prevención de la violencia requiere una respuesta conjunta.
En particular, llamó la atención sobre las responsabilidades del presidente de la República, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Interior y Policía, la jefatura de la Policía Nacional y el Ministerio Público.
De León preguntó qué medidas concretas están adoptando esas instituciones para evitar que los conflictos barriales, las confrontaciones entre grupos juveniles y otros hechos violentos terminen afectando la integridad de los estudiantes y la normalidad de las actividades escolares.
Asimismo, consideró importante que las autoridades expliquen qué mecanismos de prevención y protección están implementando para impedir que las pandillas trasladen sus disputas a los centros educativos.
Educación y prevención frente a la criminalidad
De León reconoció que las escuelas tienen herramientas pedagógicas y sociales para abordar la violencia mediante la orientación, la formación en valores, la mediación de conflictos y la promoción de una cultura de paz.
Sin embargo, advirtió que la responsabilidad no puede recaer exclusivamente sobre los docentes y las comunidades educativas, porque los problemas de inseguridad requieren políticas públicas que trascienden el aula.
En ese sentido, sostuvo que las instituciones estatales deben asumir un papel activo en la prevención, garantizar la protección de los estudiantes y coordinar esfuerzos para enfrentar los factores que favorecen la delincuencia.
El dirigente insistió en que la lucha contra la criminalidad debe contemplar tanto la aplicación de la ley como la prevención y la formación ciudadana, sin dejar de lado la investigación de cualquier denuncia de uso ilegítimo de la fuerza por parte de agentes del orden.
Su planteamiento coloca en el centro del debate la necesidad de determinar cómo puede el Estado combatir la delincuencia y, al mismo tiempo, preservar los derechos fundamentales, fortalecer la confianza pública y proteger a la comunidad educativa dominicana.
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