Una fiscalización de la Contraloría General de la República detectó inconsistencias en inventarios, nóminas, viáticos, combustible, contrataciones e ingresos de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses durante el período 2020-2024.
SANTO DOMINGO.– Una auditoría de la Contraloría General de la República puso al descubierto múltiples irregularidades administrativas, contables y financieras en la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), incluyendo diferencias millonarias en inventarios, pagos de viáticos sin documentación justificativa, inconsistencias en las nóminas y empleados que no pudieron ser localizados durante una inspección física.
La fiscalización, correspondiente al período comprendido entre el 16 de agosto de 2020 y el 30 de junio de 2024, identificó una diferencia de RD$204.9 millones entre los registros físicos y contables de los inventarios de la institución.
El informe también señala RD$47.5 millones desembolsados en viáticos sin que fueran encontrados los informes necesarios para demostrar la ejecución y los resultados de las misiones realizadas.
A esto se suma una distorsión calculada en RD$126.7 millones en indemnizaciones laborales, así como RD$55.2 millones en ingresos que no habían sido registrados contablemente y unos RD$96 millones en cuentas por pagar vencidas.
Empleados no localizados
Uno de los hallazgos que genera mayor atención está relacionado con la nómina de la institución.
Durante una inspección física realizada sobre una muestra de 338 empleados, los auditores no pudieron localizar ni fueron presentados 45 servidores.
La revisión también detectó discrepancias entre la nómina general de la OMSA, los registros de la Tesorería de la Seguridad Social y las declaraciones remitidas a la Dirección General de Impuestos Internos.
Además, las nóminas de la institución no estaban registradas en el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP).
La auditoría encontró también casos de empleados que aparecían simultáneamente en nóminas de otras instituciones públicas y otros que recibían salarios de la OMSA mientras figuraban como pensionados del Estado.
Millones en inventarios y combustible
En el área de inventarios, la Contraloría determinó que existía una diferencia no conciliada de RD$204,903,455 entre los registros físicos y contables.
En el depósito ubicado en Las Caobas fueron identificados, además, descuadres de aproximadamente RD$107.9 millones en combustible y RD$2.7 millones en repuestos.
El informe también registra RD$30.7 millones en inventario en tránsito, correspondientes a órdenes de compra cuyos bienes no habían sido recibidos en los almacenes.
Los auditores señalaron que la OMSA utilizaba requisiciones manuales para controlar los despachos de combustible, lo que dificultaba garantizar una adecuada trazabilidad.
También observaron una falta de separación de funciones, debido a que la persona encargada de medir los niveles de combustible era, al mismo tiempo, responsable de despacharlo.
Viáticos sin respaldo documental
Entre septiembre de 2020 y junio de 2024, la institución desembolsó RD$47,535,475 en viáticos sin que los auditores encontraran informes que acreditaran las actividades realizadas o los resultados obtenidos.
La Contraloría indicó que una parte importante de estos recursos correspondió a traslados de funcionarios destinados a levantar información sobre las áreas físicas, el personal y otros aspectos relacionados con las regionales de la OMSA.
En materia de combustible, de 324 expedientes revisados, 184 empleados recibían asignaciones pese a no ocupar posiciones que justificaran ese beneficio, mientras otros 117 superaban el límite establecido con relación a sus salarios.
Terrenos y bienes sin regularizar
La auditoría también encontró deficiencias en la administración de los bienes patrimoniales.
De nueve terrenos ocupados por la OMSA, solamente uno aparecía registrado ante la Dirección General de Impuestos Internos, mientras los restantes permanecían bajo cesión de derechos o en procesos de regularización.
Asimismo, fueron identificados 4,345 bienes muebles sin código o etiqueta física de identificación, dificultando su control y seguimiento.
Ingresos millonarios no registrados
Otro de los hallazgos corresponde a RD$55.2 millones en ingresos no registrados.
El informe señala que entre enero y junio de 2024 no fueron contabilizados RD$55,269,753 correspondientes a servicios especiales de transporte ofrecidos a diferentes instituciones públicas.
La fiscalización también cuestionó RD$43.6 millones registrados bajo una partida de gastos de representación judicial, pese a que los recursos correspondían a alquileres de plantas eléctricas y servicios mecánicos.
Falencias en transparencia
La Contraloría determinó además que la OMSA no contaba con estados financieros auditados correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023.
El organismo fiscalizador también señaló que parte de la información disponible en el portal institucional de transparencia se encontraba desactualizada, incluyendo datos relacionados con nóminas, informes financieros e inventarios.
La auditoría fue realizada durante la gestión de Radhamés González, quien estuvo al frente de la OMSA desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025.
OMSA asegura que trabaja para corregir las observaciones
Tras los hallazgos, la OMSA informó a la Contraloría que la mayoría de las observaciones se encuentran “en proceso de subsanación”.
La institución se comprometió a implementar medidas para regularizar sus registros contables, sanear su situación inmobiliaria y adecuar sus nóminas, incluyendo la integración de sus recursos humanos al Sistema de Administración de Servidores Públicos.
Los resultados de la auditoría forman parte de la publicación de informes de fiscalización ordenada por el presidente Luis Abinader, como parte de una disposición para hacer públicos los resultados de auditorías realizadas a instituciones estatales.
Los hallazgos vuelven a colocar bajo escrutinio el manejo administrativo y financiero de una de las principales instituciones encargadas del transporte público estatal, mientras las autoridades deberán determinar el alcance de las irregularidades detectadas y las medidas necesarias para corregirlas.
