El abogado y otros seis juristas solicitaron a la Procuraduría General de la República una investigación independiente sobre al menos 47 fallecimientos registrados entre agosto y septiembre. Cuestionan el uso de la denominada “clave 29” y advierten que podrían presentar una querella si no reciben respuesta de las autoridades.
SANTO DOMINGO, RD.– El abogado penalista Carlos Balcácer advirtió que presentará una querella contra el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y otros posibles responsables, si las autoridades no responden a la solicitud de investigar las muertes de jóvenes durante operativos policiales.
Balcácer hizo el anuncio este lunes, luego de que un grupo de siete abogados depositara una instancia ante la Procuraduría General de la República para solicitar una investigación que permita esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron esos fallecimientos y determinar si hubo actuaciones contrarias a la ley.
Según los juristas, la solicitud abarca al menos 47 muertes registradas entre el 17 de agosto y el 28 de septiembre de 2026, algunas de las cuales fueron presentadas como resultados de supuestos intercambios de disparos o actuaciones legales de los agentes.
Los abogados consideran necesario que cada caso sea examinado de manera independiente, sin dar por establecida la legalidad de las actuaciones policiales antes de concluir las investigaciones correspondientes.
Cuestiona el uso de la denominada “clave 29”
Durante una rueda de prensa, Balcácer cuestionó las declaraciones atribuidas al director de la Policía sobre el uso de la expresión “clave 29” y sostuvo que esta podría interpretarse como una incitación a cometer acciones ilegales contra jóvenes señalados de tener vínculos con actividades delictivas.
El jurista afirmó que, a su juicio, esas expresiones podrían comprometer responsabilidades penales si se demuestra que incentivaron actuaciones contrarias a la ley.
Balcácer sostuvo que la persecución del delito debe desarrollarse dentro de los límites legales y rechazó que las sospechas contra una persona puedan justificar el uso ilegítimo de la fuerza o privarla de las garantías que establece el ordenamiento jurídico.
No obstante, las acusaciones contra el director policial forman parte de los planteamientos de los abogados y deberán ser examinadas por las autoridades competentes. La presentación de una denuncia no constituye, por sí sola, una prueba de responsabilidad penal.
Exigen analizar autopsias, pruebas balísticas y grabaciones
La instancia depositada ante la Procuraduría reclama que se realice una revisión detallada de las evidencias relacionadas con los fallecimientos denunciados.
Entre los elementos que los juristas solicitan examinar figuran:
- Los informes de autopsias y las causas de muerte.
- Las pruebas balísticas y demás evidencias materiales.
- Las grabaciones de cámaras corporales y otros registros audiovisuales disponibles.
- Las actas procesales elaboradas en cada intervención.
- Los testimonios de familiares y personas que presenciaron los hechos.
También pidieron que se investigue la posible participación directa o indirecta de agentes policiales y miembros del Ministerio Público, si las evidencias indican que pudiera existir alguna responsabilidad.
Los abogados sostienen que la investigación no debe quedar exclusivamente en manos de agentes que pudieran estar relacionados con los hechos denunciados, sino que debe garantizar independencia, transparencia y objetividad.
Advierten que podrían acudir a los tribunales
Balcácer afirmó que, si durante la próxima semana no se produce una respuesta de las autoridades, el grupo procederá a presentar una querella contra el director de la Policía y otras personas que pudieran resultar responsables.
El abogado considera que algunos de los casos podrían tener implicaciones penales graves, aunque la calificación jurídica definitiva dependerá de las pruebas y de las conclusiones de las investigaciones correspondientes.
La iniciativa también busca establecer si los procedimientos posteriores a los fallecimientos se realizaron conforme a la ley y si existieron irregularidades en la documentación de los hechos.
“La eficacia contra la delincuencia no se mide en cadáveres”
Los juristas insistieron en que la lucha contra la delincuencia debe tener como prioridad la protección de la vida y el respeto al debido proceso.
En ese sentido, advirtieron que ninguna sospecha delictiva autoriza a los agentes del Estado a actuar al margen de la ley y que las muertes ocurridas durante intervenciones policiales deben ser investigadas con rigor, especialmente cuando existen cuestionamientos sobre las circunstancias en que se produjeron.
Balcácer también expresó preocupación por el respaldo que, según dijo, reciben algunas actuaciones policiales por parte de sectores de la sociedad, y advirtió sobre los riesgos de normalizar el uso excesivo de la fuerza.
La solicitud presentada ante la Procuraduría coloca nuevamente en el centro del debate la actuación de los cuerpos de seguridad, la supervisión de los operativos y la obligación del Estado de garantizar tanto la seguridad ciudadana como los derechos fundamentales.
Por el momento, los abogados reclaman que el Ministerio Público investigue los casos denunciados y determine, con base en las evidencias, si existen responsabilidades penales que deban ser sometidas a la justicia.
