San Cristóbal. – El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), en coordinación con otras entidades estatales, clausuró un almacén en la provincia de San Cristóbal donde presuntamente se realizaban prácticas fraudulentas consistentes en alterar fechas de vencimiento y comercializar productos alimenticios caducados.
Durante el operativo, las autoridades decomisaron aproximadamente una tonelada de mercancías vencidas que representaban un riesgo para la salud pública. Asimismo, fueron confiscadas máquinas y equipos utilizados para modificar las etiquetas de los productos y extender de manera ilegal su aparente período de vigencia.
Según informó el director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, la investigación permitió detectar una estructura que se dedicaba de forma sistemática a manipular las fechas de vencimiento para colocar nuevamente en el mercado alimentos que ya no eran aptos para el consumo humano.
Las autoridades indicaron que estas acciones constituyen una grave violación a las normas de protección al consumidor y representan una amenaza directa para la seguridad alimentaria de la población. Durante la intervención también se recopilaron evidencias que respaldarían las acusaciones contra los responsables del negocio.
El propietario del almacén fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. De acuerdo con las informaciones oficiales, el comerciante figura como reincidente en este tipo de infracciones relacionadas con la comercialización irregular de productos.
El operativo contó con la participación del Ministerio Público, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) y la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud (Pedecsa), instituciones que anunciaron que buscarán sanciones ejemplares debido a la gravedad de los hechos.
Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo los operativos de inspección y vigilancia en todo el territorio nacional para combatir la venta de productos vencidos y proteger la salud de los consumidores dominicanos.
