La decisión del tribunal marca un precedente en la recuperación de recursos públicos y envía un mensaje de cero tolerancia frente a la corrupción y la impunidad en la administración estatal.
Santo Domingo.– La sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra varios implicados en la red de corrupción administrativa desmantelada mediante la Operación Coral estableció la devolución de 5,000 millones de pesos al Estado dominicano, considerada la indemnización más alta impuesta en un caso de corrupción pública en el país.
La decisión judicial fue valorada por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, cuyos integrantes destacaron que el fallo representa un precedente en la lucha contra la corrupción y el resarcimiento de los daños ocasionados al Estado por funcionarios condenados por actos ilícitos.
José Alberto Ortiz, miembro del equipo legal, afirmó que la sentencia reconoce formalmente al Estado dominicano como víctima de los hechos cometidos y establece una compensación económica sin precedentes por los perjuicios causados a las instituciones públicas. Según explicó, el tribunal acogió los argumentos presentados por el Ministerio Público y la representación civil del Estado en torno a los daños materiales y morales derivados de las acciones de la estructura de corrupción.
Entre los perjuicios reconocidos por las juezas figuran daños reputacionales sufridos por el Estado, la Presidencia de la República y organismos vinculados al sector turístico, afectados por las acciones atribuidas a los condenados. Los recursos recuperados deberán reintegrarse al patrimonio público.
La sentencia condenó a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel Rafael Núñez de Aza. Asimismo, fueron impuestas penas de entre 10 y 15 años a otros integrantes de la estructura, además de multas equivalentes a cientos de salarios mínimos.
Los jueces también emitieron condenas suspendidas contra varios acusados vinculados al entramado, mientras que el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien colaboró con las autoridades durante el proceso, recibió una pena de cinco años ya cumplida.
De acuerdo con la acusación, la red operó entre 2012 y 2020 utilizando recursos del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y otras dependencias estatales para desviar fondos públicos destinados a combustibles, alimentación, inteligencia y nóminas.
