Miles de millones de pesos en ahorros de dos millones de dominicanos circulan hoy por cooperativas que mueven tanto dinero como un banco múltiple, pero sin las reglas de un banco múltiple. La advertencia lleva casi diez años sobre la mesa y ningún gobierno la ha convertido en ley.
Santo Domingo.- Nacieron como una herramienta de sacerdotes de la Orden Scarboro para enseñar a ahorrar a comunidades rurales dominicanas a mediados de los años 40. Ocho décadas después, algunas de esas cooperativas administran carteras que rivalizan con las de bancos múltiples con licencia plena, pero siguen operando bajo un traje legal cortado para otra época: la Ley 31-63, que creó el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP).
Esa brecha entre el tamaño real del sector y el rigor con que se le vigila no es un detalle técnico. Es, según especialistas y organismos internacionales, una de las fisuras más expuestas del sistema financiero dominicano.
La reforma que se quedó a medio camino
El 9 de febrero de 2017, la Junta Monetaria dio luz verde a un anteproyecto que habría sometido a las cooperativas abiertas de ahorro y crédito —las que captan fondos del público en general, más allá de sus propios asociados— a la misma vigilancia que aplica el Banco Central y la Superintendencia de Bancos al resto de las entidades financieras. El texto salió rumbo al Poder Ejecutivo. Ahí se detuvo. Nunca cruzó las puertas del Congreso Nacional, y nadie ha explicado públicamente por qué.
Casi una década más tarde, la historia amenaza con repetirse: en octubre de 2025 el gobernador del Banco Central anunció un nuevo anteproyecto para regular a estas cooperativas. Desde entonces, silencio oficial.
Vigilar el lavado de activos sin las herramientas para hacerlo
La Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo obliga a las cooperativas a reportar operaciones sospechosas, igual que a bancos y financieras. Pero dejó esa responsabilidad en manos del IDECOOP, una institución que, según coinciden analistas del sector, no cuenta con el personal técnico ni la infraestructura tecnológica para fiscalizar con el estándar que exige hoy el sistema financiero internacional.
La Misión del Fondo Monetario Internacional, que evalúa al país cada año, lo ha planteado sin rodeos en su informe más reciente: hace falta una nueva ley de cooperativas de ahorro y crédito que refuerce la supervisión y el marco de prevención de lavado de activos. La advertencia no es cosmética. Una cooperativa que mueve intermediación financiera abierta sin los mismos filtros que un banco puede convertirse, sin proponérselo, en una puerta de entrada para dinero de procedencia ilícita.
Un censo que retrata el desorden
Las propias cifras del IDECOOP describen un sector fragmentado: de cerca de 2,400 cooperativas registradas en el país, más de 600 están inactivas y varios cientos no tienen siquiera un domicilio localizable. Un informe del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes calificó la falta de una regulación moderna como el «talón de Aquiles» del modelo cooperativo dominicano.
El estancamiento legislativo agrava el cuadro: hoy compiten al menos cinco anteproyectos de ley cooperativa distintos, sin acuerdo sobre puntos claves como quién supervisa, con qué autoridad y bajo qué responsabilidad para los directivos.
El motor que financia a las mipymes
Nada de esto debe leerse como una condena al cooperativismo. Junto a la banca comercial, las cooperativas de ahorro y crédito son uno de los canales legalmente reconocidos para financiar a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, que generan más del 60% del empleo nacional y aportan cerca de un tercio del PIB. Para buena parte de esos emprendedores, sin historial bancario ni garantías tradicionales, la cooperativa del barrio suele ser la única puerta de acceso al crédito formal.
Es justamente por ese peso social y económico que la falta de reglas claras pesa más, no menos: dejar crecer al sector sin los mismos controles prudenciales que blindan a la banca no protege a las mipymes que dependen de él, las expone a un colapso sin red de contención.
