La institución advirtió que decenas de imputados permanecen hasta 30 días sin ser presentados ante un juez debido a fallas en el sistema de traslados, lo que considera una grave violación al debido proceso y a los derechos fundamentales.
Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) denunció un grave problema de hacinamiento y retrasos en el sistema de justicia penal, al asegurar que la falta de traslados de personas detenidas está provocando el aplazamiento masivo de audiencias de medidas de coerción y la permanencia de ciudadanos privados de libertad por períodos que superan los límites establecidos por la Constitución.
El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, explicó que en el nuevo Palacio de Justicia de la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este, se programan alrededor de 60 audiencias diarias en cada uno de los tres turnos, pero más del 90 % son aplazadas porque los imputados no son trasladados desde los destacamentos policiales hasta los tribunales.
Valentín Santos calificó la situación como una «grave violación» al artículo 40 de la Constitución, que establece que toda persona detenida debe ser presentada ante un juez dentro de las 48 horas posteriores a su arresto.
«Tenemos casos de personas que han permanecido hasta 30 días detenidas sin comparecer ante un juez. Esto constituye una seria vulneración del debido proceso y de la tutela judicial efectiva», afirmó el funcionario.
El director explicó que la principal causa del problema es la saturación del centro de detención de San Luis, situación que obliga al Ministerio Público a mantener a numerosos detenidos en destacamentos policiales mientras esperan ser trasladados. Sin embargo, al momento de celebrarse las audiencias, muchos de ellos no son llevados al tribunal por falta de transporte, personal o coordinación logística.
Paralelamente, la Defensa Pública interpuso una acción constitucional de amparo contra la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, tras constatar condiciones de hacinamiento e insalubridad en el destacamento de Alma Rosa. Durante una inspección realizada el pasado 8 de junio, las defensoras públicas verificaron que 85 personas permanecían recluidas en un espacio diseñado únicamente para detenciones temporales.
De ese total, 27 detenidos aguardaban el conocimiento de medidas de coerción o diligencias procesales, mientras que 58 ya contaban con medidas de coerción impuestas por los tribunales, pero continuaban retenidos por retrasos en su traslado hacia los centros penitenciarios correspondientes.
La institución sostuvo que estas condiciones vulneran derechos fundamentales como la dignidad humana, la integridad física, el derecho a la salud y el debido proceso, además de incumplir estándares nacionales e internacionales sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad. También recordó que los destacamentos policiales están concebidos exclusivamente para detenciones transitorias y no para albergar internos durante varios días o semanas.
Ante esta situación, la Defensa Pública hizo un llamado a la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y las demás instituciones involucradas para que adopten medidas urgentes que garanticen el traslado oportuno de los imputados, reduzcan el hacinamiento y aseguren el respeto a los derechos constitucionales de las personas bajo custodia del Estado.
