El director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín, sostuvo que el servicio de asistencia legal gratuita está destinado a personas físicas sin recursos para contratar abogados y no a empresas u otras personas jurídicas. Informó que varios recursos sobre el tema están pendientes de decisión ante el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, RD.– La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) informó que no asignará defensores públicos para representar a empresas, organizaciones privadas u otras personas jurídicas, al considerar que esta práctica no está contemplada en la Constitución de la República ni en la Ley de la Defensa Pública.
La posición fue fijada por el director nacional de la institución, Rodolfo Valentín, quien explicó que el servicio de asistencia legal gratuita que ofrece la Defensa Pública está dirigido esencialmente a personas físicas que no cuentan con recursos económicos para contratar un abogado privado.
Valentín cuestionó que algunos tribunales del Distrito Nacional estén requiriendo la designación de defensores públicos para asumir la representación de empresas y organizaciones privadas involucradas en procesos judiciales.
“El servicio es para personas físicas, no jurídicas. Caer en eso sería una trampa procesal”, afirmó el funcionario.
Defensa Pública establece diferencia entre personas físicas y jurídicas
El director de la ONDP sostuvo que existe una interpretación que, a su juicio, resulta incorrecta de las disposiciones constitucionales y legales relacionadas con el derecho a la defensa.
Explicó que cuando la Constitución y las leyes utilizan el término “persona” dentro del marco de determinados derechos, esto no significa que las empresas privadas deban recibir automáticamente los mismos servicios destinados a las personas físicas en situación de vulnerabilidad.
Según Valentín, las empresas son reconocidas jurídicamente como personas jurídicas, cuyos derechos y características legales son diferentes a los de las personas físicas.
En ese sentido, consideró erróneo que algunos jueces utilicen una interpretación amplia del término “persona” para justificar la asignación de defensores públicos a compañías privadas.
Asegura que no existe un modelo similar en Iberoamérica
Valentín también afirmó que la Defensa Pública dominicana no es una excepción dentro de la región, al señalar que las instituciones de defensa pública de Iberoamérica no tienen como función representar a empresas privadas.
Como miembro de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas y coordinador del Caribe, aseguró que no conoce otro sistema de defensa pública en la región que contemple la asistencia jurídica a empresas privadas.
Precisó que España cuenta con un modelo que presenta una diferencia, pero aclaró que este se limita a determinadas organizaciones sin fines de lucro vinculadas a servicios sociales y humanitarios, como organizaciones no gubernamentales y fundaciones, y no a empresas privadas con fines comerciales.
Casos han llegado al Tribunal Constitucional
El director de la Defensa Pública informó que la institución ya ha recurrido ante el Tribunal Constitucional varias decisiones jurisdiccionales relacionadas con requerimientos para que defensores públicos asuman la representación de empresas privadas.
Los recursos de revisión constitucional se encuentran pendientes de conocimiento por parte del alto tribunal, por lo que la institución espera que sea ese órgano el que establezca una posición definitiva sobre el alcance de las obligaciones de la Defensa Pública en estos casos.
Valentín aseguró que la ONDP respeta las decisiones emanadas de los tribunales, pero insistió en que sus defensores no serán utilizados para asumir la representación de empresas privadas cuando, según su interpretación, esa función no está contemplada dentro del mandato legal de la institución.
Procesos continúan contra empresas declaradas en rebeldía
El funcionario señaló además que otros tribunales han adoptado una postura diferente frente a situaciones similares, declarando en rebeldía a las empresas involucradas y continuando los procesos judiciales correspondientes respecto de los imputados que son personas físicas.
En esos casos, afirmó, la Defensa Pública sí ha garantizado la asistencia técnica a las personas físicas que cumplen con los requisitos para recibir el servicio, por lo que, según la institución, no se ha vulnerado su derecho de defensa.
La controversia se centra, por tanto, en determinar si una empresa o persona jurídica puede exigir la designación de un defensor público de la misma manera que una persona física que carece de recursos para contratar representación legal privada.
Reafirma compromiso con sectores vulnerables
A pesar de la controversia, Rodolfo Valentín reiteró que la Oficina Nacional de la Defensa Pública mantiene su compromiso de garantizar el derecho fundamental a la defensa de las personas que no disponen de los recursos económicos necesarios para contratar un abogado particular.
La institución señaló que continuará priorizando la atención de los sectores más vulnerables y defendiendo el alcance de su mandato constitucional y legal.
Mientras los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional permanecen pendientes de decisión, la Defensa Pública mantiene su postura de no asignar defensores para representar empresas u organizaciones privadas, al considerar que hacerlo excedería las funciones para las cuales fue creada la institución.
