El exmandatario de Guerrero es acusado por la Fiscalía General de la República de haber ordenado presuntamente el ocultamiento de videos considerados clave para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en 2014; un juez determinará la próxima semana si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso
CIUDAD DE MÉXICO. – La justicia mexicana impuso este viernes prisión preventiva al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
Durante la audiencia inicial, un juez declaró legal la detención del exmandatario y dio paso a la presentación formal de los cargos por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo señala por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.
La medida cautelar fue adoptada luego de que la Fiscalía presentara nuevos elementos de investigación que, según las autoridades, apuntan a la presunta participación de Aguirre en el ocultamiento de grabaciones consideradas fundamentales para reconstruir lo ocurrido la noche en que desaparecieron los estudiantes.
Fiscalía señala una presunta orden desde el Gobierno estatal
De acuerdo con la FGR, existen elementos suficientes para sostener que la instrucción para ocultar las grabaciones habría sido emitida directamente por el entonces gobernador de Guerrero, con la participación de funcionarios estatales de alto nivel.
La Fiscalía sostiene que no se habría tratado de una simple omisión administrativa o de una falla técnica, sino de una operación presuntamente organizada desde la estructura del Poder Ejecutivo estatal con el propósito de impedir que determinada evidencia llegara a manos de los investigadores.
Los videos en cuestión fueron captados por cámaras ubicadas frente al Palacio de Justicia de Iguala y, según la investigación, podrían mostrar el momento en que policías municipales y estatales interceptaron el autobús 1531 de la empresa Estrella de Oro, en el que viajaban varios de los estudiantes desaparecidos.
Testimonios vinculan al exgobernador con las grabaciones
La investigación de la Fiscalía incluye testimonios obtenidos durante los últimos años que señalan directamente a Aguirre Rivero.
Según las autoridades, uno de los colaboradores declaró que las grabaciones que inicialmente fueron reportadas como inexistentes debido a supuestas fallas técnicas realmente existían y que fueron sustraídas para ser entregadas al entonces gobernador.
Otro testimonio, presentado en mayo, habría señalado que Aguirre ordenó a funcionarios de alto nivel hacer desaparecer cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos ocurridos en Iguala.
Estos testimonios forman parte de las nuevas líneas de investigación que han permitido a la Fiscalía reabrir aspectos del caso y dirigir las pesquisas hacia antiguos funcionarios estatales.
Aguirre fue detenido en el Estado de México
El exgobernador fue detenido el jueves en el Estado de México y posteriormente trasladado para comparecer ante las autoridades judiciales.
Aguirre gobernó Guerrero entre abril de 2011 y octubre de 2014. Abandonó el cargo ese mismo año, después de que la desaparición de los 43 estudiantes provocara una fuerte crisis política y social tanto en Guerrero como en el resto de México.
Su detención representa un nuevo giro en una investigación que durante casi 12 años ha estado marcada por cuestionamientos, denuncias de irregularidades y reclamos de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
El caso Ayotzinapa continúa sin resolverse
Los hechos ocurrieron la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, Guerrero.
Los jóvenes se dirigían hacia Ciudad de México con la intención de participar en actividades relacionadas con la conmemoración de la matanza de Tlatelolco de 1968.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves de violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de México y provocó manifestaciones masivas, investigaciones nacionales e internacionales y una exigencia permanente de justicia por parte de los familiares.
Doce años después, la desaparición de los estudiantes continúa sin una resolución definitiva y, hasta ahora, únicamente han sido identificados los restos de tres de los jóvenes.
Próxima audiencia será determinante
La defensa de Ángel Aguirre solicitó más tiempo para preparar sus argumentos. Por esa razón, el juez concedió un plazo adicional antes de decidir si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso.
La audiencia para determinar su situación jurídica está prevista para el 11 de agosto, cuando la autoridad judicial deberá evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.
La prisión preventiva, por tanto, constituye una medida cautelar y no significa que Aguirre haya sido declarado culpable de los delitos que se le imputan. La decisión sobre una eventual vinculación a proceso dependerá de la valoración judicial de los elementos presentados durante las próximas audiencias.
El caso vuelve así a ocupar el centro de la atención pública en México, mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió con los 43 normalistas y determinar las responsabilidades de funcionarios que pudieron haber intervenido, directa o indirectamente, en el ocultamiento o destrucción de evidencias.
