La petición de Estados Unidos para derogar el Decreto 693-24 abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la defensa de la producción nacional y el futuro del campo dominicano
Santo Domingo, RD. — En una nación donde un plato de arroz forma parte de la vida cotidiana de millones de familias, detrás de cada grano existe una historia que pocas veces aparece en los grandes debates económicos: la del productor que siembra, espera, enfrenta los costos y apuesta cada cosecha por seguir produciendo en su propia tierra.
Ahora esa historia vuelve a estar bajo presión.
Estados Unidos ha planteado a República Dominicana la importancia de derogar el Decreto 693-24, disposición emitida durante el Gobierno de Luis Abinader que establece medidas arancelarias relacionadas con la importación de arroz y busca proteger la producción nacional.
La discusión trasciende los aranceles.
Lo que está sobre la mesa es cuánto espacio tendrá la producción dominicana dentro de su propio mercado y hasta dónde el país está dispuesto a defender sectores estratégicos frente a una economía internacional donde las grandes potencias cuentan con mayores capacidades productivas, financieras y comerciales.
Para el consumidor, una importación puede parecer simplemente otra opción en el supermercado. Para el agricultor, puede significar la diferencia entre volver a sembrar o abandonar definitivamente el campo.
Y ahí comienza la parte más sensible de esta historia.
Durante años, distintos sectores productivos dominicanos han advertido sobre las dificultades que enfrentan los productores nacionales para competir con mercancías provenientes de economías con mayores escalas de producción y capacidad de financiamiento. Cuando esas presiones se acumulan, el riesgo no es solamente económico: también está en juego la permanencia de actividades agrícolas que sostienen empleos, comunidades rurales y parte de la seguridad alimentaria.
El arroz no es cualquier producto.
Es uno de los alimentos fundamentales de la dieta dominicana y, al mismo tiempo, uno de los principales símbolos de la capacidad del país para producir lo que consume.
Por eso, la posibilidad de desmontar mecanismos de protección genera interrogantes que van más allá de una negociación comercial: ¿qué ocurriría si producir arroz en República Dominicana deja de ser rentable? ¿Quién ocuparía ese espacio? ¿Y cuánto dependería entonces el país de las importaciones para alimentar a su población?
La experiencia internacional demuestra que cuando una producción nacional desaparece, recuperarla puede resultar mucho más difícil que sustituirla temporalmente mediante importaciones.
El debate, por tanto, no debería reducirse a determinar si el arroz importado puede llegar más barato al consumidor en determinado momento. También debe preguntarse qué costo tendría para el país perder capacidad productiva propia.
República Dominicana ha avanzado en distintos sectores, pero ese crecimiento no debería convertir al campo en una pieza secundaria de la economía.
Porque un país que deja de producir sus alimentos esenciales puede terminar dependiendo de decisiones tomadas mucho más allá de sus fronteras.
La discusión sobre el Decreto 693-24 coloca nuevamente al arroz dominicano frente a esa encrucijada: proteger la producción nacional, negociar mejores condiciones comerciales y preservar la seguridad alimentaria, o abrir progresivamente el mercado hasta que producir deje de ser una opción viable para quienes trabajan la tierra.
Detrás de cada cosecha hay agricultores. Detrás de cada agricultor hay una familia. Y detrás de cada productor que abandona el campo queda un espacio que algún día tendrá que ser ocupado por alimentos que ya no necesariamente se producirán aquí.
El arroz dominicano, por eso, no es solamente un producto comercial.
Es también una pregunta sobre qué país quiere seguir siendo República Dominicana.
