Mientras miles de dominicanos luchan para llegar a fin de mes, dos miembros de la JCE recibieron US$24,000 en viáticos para viajar a España. El gasto total superó los RD$2 millones, equivalente a 203 salarios mínimos, abriendo interrogantes sobre austeridad, privilegios y rendición de cuentas en el uso de fondos públicos.
SANTO DOMINGO.– El costo de un viaje oficial de dos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) a España vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos y plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de los gastos asumidos por una de las instituciones fundamentales del sistema democrático dominicano.
De acuerdo con documentos obtenidos por Diario Libre, los magistrados Hirayda Fernández y Samir Chami Isa recibieron US$12,000 cada uno en viáticos, a razón de US$800 diarios durante 15 días, además del costo de los boletos aéreos.
En total, solo los viáticos de ambos funcionarios ascendieron a US$24,000, mientras que los pasajes aéreos representaron otros US$9,294.27. El desembolso conjunto superó los RD$2 millones, tomando como referencia la tasa cambiaria utilizada en la publicación.
La misión tuvo como destino León, España, donde los funcionarios participaron en el Cybersecurity Summer BootCamp, un programa especializado en ciberseguridad.
La capacitación, en principio, responde a una necesidad real. La protección de los sistemas electorales frente a ataques cibernéticos constituye un asunto estratégico para cualquier democracia moderna.
Sin embargo, el debate no está necesariamente en la pertinencia de capacitarse, sino en cuánto cuesta esa capacitación al Estado, bajo qué criterios se autorizan los viáticos y cuáles fueron los resultados concretos obtenidos para el país.
Uno de los elementos que genera mayor cuestionamiento es la diferencia entre los viáticos recibidos y las referencias utilizadas internacionalmente. Para julio de 2025, la Comisión de Administración Pública Internacional de Naciones Unidas establecía para León una asignación diaria de US$259, mientras los miembros de la JCE recibieron US$800 por día.
La diferencia es considerable y obliga a preguntarse cuáles son los criterios institucionales utilizados para establecer esas asignaciones y qué mecanismos existen para garantizar que el gasto responda a parámetros de eficiencia y racionalidad.
A esto se suma otro elemento: la estadía de los dos magistrados se extendió durante 15 días, mientras que el BootCamp se desarrolló del 14 al 24 de julio. Es decir, la permanencia oficial contempló días adicionales a la duración del programa.
La JCE también informó posteriormente sobre la participación de sus representantes. Sin embargo, el informe presentado al Pleno, según la documentación citada por Diario Libre, no detalla beneficios concretos derivados de la misión y se limita a consignar que el órgano colegiado dio “un visto” al informe.
Y ahí aparece la pregunta que trasciende el viaje: ¿cómo se mide el retorno de una misión oficial pagada con dinero público?
Porque rendir cuentas no debería limitarse a presentar facturas, boletos y comprobantes de viáticos. Una verdadera política de transparencia debe permitir conocer qué se aprendió, qué se implementará, cuánto le ahorrará o aportará al Estado y qué resultados concretos produjo la inversión.
El caso adquiere mayor dimensión al observar el volumen global de los viajes internacionales realizados por miembros de la JCE. Según los datos citados por Diario Libre, entre enero de 2025 y julio de 2026 se registraron 71 participaciones individuales en viajes oficiales al extranjero, con un gasto global de US$529,438.19, equivalente a unos RD$32 millones.
El viaje a León aparece como el de mayor costo entre los reportados.
La cifra no demuestra por sí misma una irregularidad. Tampoco significa que la JCE no tenga derecho a enviar funcionarios a programas de formación internacional.
Pero sí coloca sobre la mesa un asunto que las instituciones públicas no deberían esquivar: la obligación de justificar cada gasto frente a una ciudadanía que financia al Estado con sus impuestos.
En una sociedad donde miles de trabajadores reciben ingresos que apenas permiten cubrir alimentación, transporte, vivienda y educación, la imagen de dos funcionarios recibiendo decenas de miles de dólares en viáticos inevitablemente genera un fuerte contraste.
El problema, por tanto, no es solamente cuánto gastaron dos funcionarios en España. El problema es qué cultura de administración de los recursos públicos se está consolidando y cuáles son los límites reales de la austeridad cuando se trata de funcionarios y organismos del Estado.
La JCE tiene la responsabilidad de organizar y garantizar procesos electorales confiables, pero también debe ser referente de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas.
Porque la confianza en las instituciones no se construye únicamente con elecciones limpias.
También se construye cuando el ciudadano puede mirar hacia las instituciones públicas y tener la certeza de que cada peso que aporta al Estado es utilizado con responsabilidad, racionalidad y resultados comprobables.
Y frente a un gasto equivalente a 203 salarios mínimos, la pregunta queda abierta y corresponde a la JCE responderla con absoluta transparencia:
¿Cuál fue el beneficio concreto para el país de una misión que costó más de RD$2 millones?
