Un City Marshal de Nueva York notificó un aviso de embargo y venta de bienes muebles pertenecientes a la Junta Central Electoral, en cumplimiento de una sentencia federal que ordena al organismo dominicano pagar US$838,337.50 a la empresa Latin Events, LLC.
NUEVA YORK. – La Junta Central Electoral (JCE) enfrenta un proceso de ejecución de una sentencia federal en Estados Unidos que contempla el embargo y eventual venta de bienes muebles de su propiedad, luego de que una corte ordenara al organismo dominicano pagar una indemnización de US$838,337.50 a la empresa Latin Events, LLC.
El procedimiento fue iniciado mediante la notificación de un aviso emitido por un City Marshal de la ciudad de Nueva York, quien comunicó la medida como parte de las acciones destinadas a hacer efectiva la sentencia dictada contra la JCE.
La decisión judicial fue emitida el 26 de noviembre de 2025 por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY), dentro del expediente número 1:25-cv-02830-PKC.
Posteriormente, la sentencia fue registrada ante la Secretaría del Condado de Nueva York el 20 de agosto de 2026, paso que permitió avanzar con las actuaciones orientadas a su ejecución.
La medida busca hacer efectivo el pago
El aviso de embargo constituye una acción dentro del proceso de ejecución de la sentencia y contempla la posibilidad de que determinados bienes muebles propiedad de la JCE sean incautados y posteriormente vendidos para obtener los recursos destinados a satisfacer la obligación económica establecida por el tribunal.
El monto fijado asciende a US$838,337.50, una suma que deberá ser cubierta por el organismo electoral dominicano conforme a los términos de la sentencia federal.
La actuación del City Marshal se produce en territorio estadounidense y está vinculada directamente con el procedimiento judicial llevado ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
Un proceso judicial que involucra a la JCE
El caso enfrenta a la Junta Central Electoral con Latin Events, LLC, empresa que obtuvo una decisión favorable en el proceso judicial iniciado ante la jurisdicción federal.
La sentencia del 26 de noviembre de 2025 constituye el fundamento jurídico de las acciones que ahora buscan materializar el cobro de la suma ordenada por el tribunal.
Con el registro de la sentencia realizado en agosto de 2026, el proceso entró en una etapa de ejecución que incluye medidas sobre activos que puedan encontrarse bajo jurisdicción de las autoridades correspondientes en Nueva York.
La notificación del embargo y venta de bienes muebles representa, por tanto, un nuevo capítulo en el caso y coloca a la JCE ante la necesidad de responder a una obligación judicial reconocida por una corte federal estadounidense.
Hasta el momento, la información disponible sobre la medida se concentra en el aviso de ejecución y en la sentencia que establece el monto a pagar, sin que estos datos permitan determinar cuáles bienes específicos serán finalmente objeto de una eventual venta o si el organismo recurrirá a alguna vía legal para detener o modificar el procedimiento.
El caso adquiere relevancia debido a que involucra a una institución del Estado dominicano en un proceso de ejecución de una sentencia dentro de Estados Unidos, con una obligación económica que supera los US$800,000.
