Una madre de un adolescente con autismo y epilepsia vuelve a poner sobre la mesa una realidad que no puede normalizarse: pacientes que dependen de colectas y donaciones para conseguir medicamentos, mientras el sistema de salud debe responder por quienes no tienen cómo costear sus tratamientos.
Santo Domingo, República Dominicana.– Una madre que pide ayuda para comprar los medicamentos de su hijo no debería convertirse en una noticia extraordinaria. Debería ser una señal de alarma.
El caso de una mujer que busca apoyo económico para costear el tratamiento de su adolescente, diagnosticado con autismo y epilepsia, vuelve a exponer una de las contradicciones más dolorosas del sistema sanitario dominicano: familias que, ante una enfermedad, terminan obligadas a pedir ayuda para poder continuar un tratamiento.
La solidaridad de la población ha sido, durante años, un verdadero salvavidas para quienes enfrentan enfermedades complejas y medicamentos costosos. Pero una sociedad no puede acostumbrarse a que las redes sociales, las colectas y las donaciones sean la puerta de entrada a tratamientos que deberían estar contemplados dentro de las políticas públicas de salud.
La pregunta es inevitable: ¿hasta cuándo una familia tendrá que hacer pública su tragedia para conseguir un medicamento?
El Ministerio de Salud Pública y las instituciones responsables de garantizar el acceso a la salud tienen ante sí un desafío que va más allá de atender emergencias. Se trata de construir mecanismos capaces de responder de manera oportuna y sostenible a los pacientes que necesitan tratamientos permanentes, especialmente cuando se trata de menores de edad y familias en condiciones económicas vulnerables.
Porque el problema no termina cuando alguien logra reunir el dinero para comprar una caja de medicamentos. La enfermedad continúa. El tratamiento continúa. Y, en muchos casos, la necesidad económica vuelve al mes siguiente.
Ahí es donde una ayuda puntual deja de ser suficiente y aparece la responsabilidad del Estado.
Un sistema de salud eficiente no debería esperar a que un caso se vuelva viral para reaccionar. Tampoco debería depender de la capacidad de una familia para movilizar a la opinión pública y encontrar personas dispuestas a colaborar.
La solidaridad debe complementar al sistema, no sustituirlo.
El caso de esta madre merece atención, pero también debería provocar una discusión mucho más profunda sobre las condiciones en que miles de dominicanos enfrentan enfermedades crónicas, discapacidades y tratamientos de alto costo.
Porque cuando una madre tiene que salir a pedir para que su hijo pueda recibir sus medicamentos, el drama no es únicamente familiar.
Es la pregunta que queda pendiente para el sistema de salud: ¿quién está garantizando el derecho a la salud de quienes no pueden pagarla?
MCN Noticias
