El exfiscal, imputado por la supuesta recepción de US$10,000 de un testigo vinculado al caso de fraude en Senasa, pasará ahora a la jurisdicción ordinaria tras su salida del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.– El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, quien formaba parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), presentó su renuncia como miembro del Ministerio Público mientras enfrenta un proceso penal por su presunta vinculación con un caso de soborno relacionado con la investigación por fraude en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La dimisión fue confirmada por su abogado, Valentín Medrano, y por el procurador de Corte Eduardo Velázquez, quienes informaron que la salida de Valdez Alcántara del Ministerio Público tendrá consecuencias directas sobre la jurisdicción en la que continuará el proceso judicial.
El exfiscal está acusado de haber recibido presuntamente US$10,000 de un testigo vinculado al caso Senasa. De acuerdo con la acusación, se le señala de haber ejercido presión sobre dicho testigo para obtener dinero y otros bienes que supuestamente le exigía.
Su renuncia cambia el escenario judicial
Uno de los principales efectos de la renuncia es que Valdez Alcántara deja de pertenecer al Ministerio Público y, por tanto, ya no estará sujeto a la jurisdicción privilegiada que correspondía a su condición de fiscal.
Su proceso pasará ahora a la jurisdicción ordinaria, donde deberá ser conocido por los tribunales de primera instancia y posteriormente continuar las diferentes etapas procesales que correspondan.
Según informó el procurador de Corte Eduardo Velázquez, la acusación contra Valdez Alcántara, que fue depositada en agosto ante la Corte de Apelación, será conocida por el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional. La primera audiencia está fijada para el 5 de octubre de 2026.
Esto significa que el expediente comenzará ahora su recorrido dentro de la jurisdicción común, con las distintas fases establecidas por el sistema de justicia penal.
Antecedentes del caso
La situación de Valdez Alcántara se remonta a marzo de este año, cuando fue detenido en el marco de una investigación relacionada con un supuesto soborno.
Según la acusación presentada por el Ministerio Público, el entonces fiscal habría recibido US$10,000 en efectivo de un investigado relacionado con el caso de corrupción en Senasa. Las autoridades habían realizado una operación controlada que permitió documentar la entrega del dinero.
Posteriormente, en mayo, una jueza de instrucción especial le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, los cuales debía cumplir en la cárcel de Najayo. La decisión se produjo luego de una extensa audiencia en la que la defensa presentó diversos incidentes.
El caso generó especial atención debido a que Valdez Alcántara había trabajado en investigaciones de alto perfil desde su incorporación a equipos vinculados a la persecución de la corrupción administrativa.
Ahora deberá responder como ciudadano común ante los tribunales
Con su renuncia, el proceso adquiere una nueva configuración jurídica. El expediente ya no será conocido bajo las reglas correspondientes a un miembro activo del Ministerio Público, sino mediante el procedimiento ordinario.
La acusación deberá ser examinada por el juez de instrucción competente, quien tendrá que determinar los pasos procesales correspondientes conforme avance el expediente.
La primera audiencia en el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional está prevista para el 5 de octubre, fecha en la que se dará continuidad al proceso bajo la jurisdicción ordinaria.
El caso mantiene la atención debido a que involucra a un antiguo miembro del Ministerio Público que estuvo vinculado a investigaciones de corrupción y que ahora enfrenta una acusación precisamente por un supuesto acto de soborno relacionado con uno de esos expedientes.
La renuncia, sin embargo, no implica por sí misma una decisión sobre su culpabilidad o inocencia. Será la justicia la que deberá conocer las acusaciones, valorar las pruebas presentadas por las partes y determinar la responsabilidad penal que corresponda conforme al debido proceso.
El próximo 5 de octubre será, por tanto, una fecha clave para conocer los siguientes pasos del proceso contra Valdez Alcántara, ahora desde la jurisdicción ordinaria.
