La organización política denunció discrepancias entre los 100,000 metros cúbicos autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente y los 1,330,694 contemplados en tres contratos vinculados al proyecto. También solicitó investigar la ejecución de los trabajos y transparentar el aprovechamiento comercial de la grava y la arena.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. — La Secretaría de Medio Ambiente del partido Fuerza del Pueblo (FP) denunció presuntas irregularidades técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extracción de sedimentos de la cola de la presa de Hatillo, ubicada en el río Yuna, y exigió la suspensión de las operaciones hasta que se esclarezcan las diferencias entre los volúmenes autorizados, los contratos suscritos y el destino comercial de los materiales extraídos.
La denuncia fue presentada por Paíno Abreu Collado, titular de la Secretaría de Medio Ambiente de esa organización política, quien cuestionó las condiciones en que se desarrolla la intervención y reclamó una revisión integral de los permisos, los acuerdos contractuales y los posibles beneficios económicos derivados de la comercialización de los materiales.
Según explicó el dirigente, el permiso VSA09-26-00039, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), contempla la extracción de 100,000 metros cúbicos de sedimentos durante un período de seis meses.
Sin embargo, afirmó que tres contratos firmados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 establecen volúmenes que suman 1,330,694 metros cúbicos, una cantidad superior en más de 13 veces al volumen contemplado en el permiso ambiental citado.
La Fuerza del Pueblo considera que esta diferencia requiere una explicación técnica y jurídica que permita determinar si los trabajos se ejecutan dentro de los límites autorizados y bajo las condiciones establecidas por las instituciones responsables.
FP cuestiona el valor económico de los materiales extraídos
Otro de los aspectos señalados por la organización es el valor comercial de los materiales que se obtienen durante la extracción de sedimentos, particularmente la grava y la arena.
De acuerdo con las estimaciones presentadas por Abreu Collado, el aprovechamiento comercial de esos materiales podría generar un valor económico cercano a los RD$1,000 millones, después de considerar los costos estimados de extracción, transporte, procesamiento y comercialización.
A partir de esas proyecciones, el dirigente cuestionó que no se haya establecido, según la información que maneja la organización, un mecanismo suficientemente claro y transparente para determinar la participación económica del Estado en los beneficios derivados de la operación.
La FP entiende que, dada la importancia de los recursos involucrados, resulta necesario conocer las condiciones económicas de los contratos, los volúmenes efectivamente extraídos, los mecanismos de fiscalización y los ingresos que eventualmente recibirían las instituciones públicas.
Estas cifras corresponden a estimaciones presentadas por la organización política y no constituyen, por sí solas, una determinación oficial de los beneficios obtenidos ni una comprobación definitiva de irregularidades.
Solicitan detener las operaciones y realizar una revisión técnica
Ante las diferencias denunciadas, la Fuerza del Pueblo solicitó que EGEHID suspenda las actividades de extracción, acarreo y entrega de materiales hasta que una comisión técnica evalúe el proyecto y haga públicos sus resultados.
La organización también pidió que en esa revisión participe el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), a fin de examinar los aspectos técnicos relacionados con la intervención en el embalse y sus implicaciones para la gestión de los recursos hídricos.
Asimismo, reclamó al Ministerio de Medio Ambiente explicar por qué el proyecto no fue clasificado en la categoría A, conforme a la Resolución 0025-2024, una cuestión que considera necesario aclarar dentro del proceso de revisión.
La agrupación opositora sostiene que la evaluación debe permitir establecer la correspondencia entre los permisos ambientales, las condiciones contractuales y las actividades que se ejecutan en la zona.
Reclaman investigaciones y auditorías de los contratos
La Fuerza del Pueblo también planteó que las instituciones competentes examinen las distintas dimensiones del proyecto para determinar si existen responsabilidades administrativas, contractuales o ambientales.
Entre sus solicitudes figuran una investigación por parte de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales sobre posibles infracciones a la Ley 64-00, así como una revisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas al procedimiento EGEHID-CCC-LPN-2025-0015.
De igual manera, reclamó la intervención de la Cámara de Cuentas para auditar la ejecución de los contratos y verificar los aportes económicos generados por las operaciones.
La organización también propuso establecer una veeduría ciudadana independiente que incluya a representantes de las comunidades de la cuenca del río Yuna, sectores religiosos y académicos.
Además, respaldó la solicitud de acceso a información pública formulada por autoridades eclesiásticas de Monseñor Nouel y La Vega, que buscan conocer los contratos, estudios ambientales, documentos técnicos y evidencias de consultas comunitarias relacionados con el proyecto.
Hasta que las instituciones correspondientes examinen la documentación y ofrezcan sus explicaciones, los señalamientos formulados por la FP deben entenderse como denuncias pendientes de verificación.
La limpieza de la presa y la protección ambiental
La extracción de sedimentos puede contribuir a recuperar parte de la capacidad de almacenamiento de los embalses, afectada por la acumulación de materiales arrastrados por los ríos y por la erosión de las cuencas hidrográficas.
La propia Fuerza del Pueblo reconoció la importancia de realizar este tipo de intervenciones, pero insistió en que deben ejecutarse bajo criterios técnicos, ambientales y económicos transparentes.
Abreu Collado también cuestionó que, según la organización, no se haya identificado un mecanismo explícito que garantice la destinación de parte de los beneficios económicos a la protección y restauración de las cuencas hidrográficas, cuyo deterioro contribuye a la acumulación de sedimentos.
La discusión, por tanto, no se limita a la extracción de materiales, sino que también abarca la supervisión de los recursos naturales, la transparencia contractual y la distribución de los posibles beneficios económicos de la actividad.
Piden transparencia sobre el proyecto de Hatillo
La denuncia coloca bajo escrutinio público las condiciones en que se desarrolla el proyecto de extracción de sedimentos en la presa de Hatillo y plantea interrogantes sobre la relación entre el permiso ambiental y los volúmenes consignados en los contratos.
La Fuerza del Pueblo insiste en que deben publicarse los documentos pertinentes y realizarse una evaluación independiente antes de continuar las operaciones cuestionadas.
El esclarecimiento de las diferencias señaladas dependerá de la revisión de los permisos, los contratos, los registros de extracción y las explicaciones que ofrezcan las instituciones involucradas.
Mientras tanto, la organización opositora mantiene su exigencia de suspender los trabajos hasta que se conozcan los resultados de una revisión técnica y jurídica que permita determinar si el proyecto cumple con las disposiciones aplicables y garantiza una gestión transparente de los recursos naturales.
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