Abogada- Especialista en PLAFT-Delitos Financieros-Riesgos y Gobernanza
En los últimos años, la República Dominicana ha experimentado una transformación significativa en materia de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La entrada en vigor de la Ley 155-17 hace 9 años ya, y no debemos dejar de mencionar del fortalecimiento de los marcos regulatorios sectoriales que han elevado las expectativas sobre la capacidad de los sujetos obligados para gestionar sus riesgos de manera efectiva. Aunque todos conocemos, que existen sectores que aún tienen mucho por hacer. Sin embargo, la experiencia demuestra que el cumplimiento no depende únicamente de manuales, políticas o reportes regulatorios. El verdadero diferenciador es la gobernanza y este ya es un pilar importante en el éxito de los programas de cumplimiento.
La gobernanza puede definirse como el conjunto de estructuras, procesos y mecanismos mediante los cuales una organización dirige, supervisa y controla su gestión. En el ámbito del cumplimiento, representa la capacidad de la alta dirección y de los órganos de gobierno para asumir un liderazgo activo en la prevención de riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Durante años, muchas organizaciones abordaron el cumplimiento desde una perspectiva documental, enfocándose en la elaboración de procedimientos y el cumplimiento de requerimientos mínimos. Sin embargo, las tendencias internacionales impulsadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los organismos supervisores han demostrado que la efectividad de un sistema de prevención no se mide por la cantidad de documentos producidos, sino por la capacidad de la institución para tomar decisiones informadas y gestionar adecuadamente sus riesgos.
En este contexto, la gobernanza adquiere un papel estratégico. Los consejos de administración, juntas directivas y órganos de control ya no pueden delegar completamente la responsabilidad del cumplimiento en el Oficial de Cumplimiento. Su rol consiste en establecer el apetito de riesgo de la entidad, aprobar políticas, supervisar la implementación de controles y garantizar que exista una cultura organizacional alineada con los principios de integridad y transparencia.
Uno de los mayores desafíos para los sujetos obligados en la República Dominicana es precisamente la consolidación de una cultura de cumplimiento que trascienda las áreas especializadas. El cumplimiento efectivo debe formar parte de la estrategia institucional, involucrando a todas las líneas de defensa: áreas operativas, funciones de control y auditoría interna. Cuando la gobernanza funciona adecuadamente, cada colaborador entiende su responsabilidad en la identificación y mitigación de riesgos.
La transformación digital también está redefiniendo la gobernanza corporativa. La incorporación de herramientas de analítica de datos, monitoreo automatizado e inteligencia artificial permite una supervisión más eficiente de las operaciones y facilita la detección temprana de comportamientos inusuales. Sin embargo, estas tecnologías requieren marcos de gobernanza sólidos que aseguren su uso responsable, transparente y alineado con las disposiciones regulatorias. Y también las herramientas sancionatorias pertinentes para al no cumplimiento de sus gestores.
De cara al futuro, los organismos supervisores continuarán fortaleciendo sus expectativas sobre la efectividad de los programas de cumplimiento. Las evaluaciones ya no se centran únicamente en verificar la existencia de controles, sino en determinar si estos generan resultados concretos en la gestión de riesgos. En consecuencia, las organizaciones que inviertan en fortalecer su gobernanza estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos regulatorios, reputacionales y operativos de un entorno cada vez más complejo.
La gobernanza no es una obligación adicional ni un requisito regulatorio aislado. Es la base sobre la cual se construye la confianza institucional, se protege la reputación corporativa y se garantiza la sostenibilidad de las organizaciones. En una economía cada vez más interconectada y vigilada, las empresas y entidades que comprendan esta realidad tendrán una ventaja competitiva significativa frente a aquellas que continúen viendo el cumplimiento como un simple ejercicio administrativo.
Hoy más que nunca, la pregunta para los sujetos obligados no es si cuentan con un programa de cumplimiento, sino si poseen la gobernanza necesaria para hacerlo verdaderamente efectivo.
