El Decreto 615-26 incorpora como prioridad nacional el combate contra acciones que atenten gravemente contra recursos naturales, ecosistemas y áreas ecológicas estratégicas. Las autoridades advierten sobre severas consecuencias penales cuando estas conductas configuren el delito de terrorismo.
SANTO DOMINGO, RD. — El Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional el combate al terrorismo medioambiental, mediante el Decreto 615-26, una disposición que establece un marco de atención especial para los actos graves dirigidos contra los recursos naturales, ecosistemas e infraestructuras ecológicas estratégicas del país.
La medida contempla como terrorismo medioambiental aquellos actos que, por sus medios utilizados, gravedad y finalidad, reúnan los elementos constitutivos del delito de terrorismo establecidos en la Ley 267-08 sobre Terrorismo y demás disposiciones de la legislación penal dominicana.
El decreto coloca bajo especial atención aquellas acciones que puedan representar una amenaza grave contra espacios naturales considerados estratégicos para el país, particularmente cuando los daños ocasionados trasciendan una afectación ambiental ordinaria y cumplan con los elementos jurídicos necesarios para ser considerados actos terroristas.
Penas de hasta 30 años
De acuerdo con lo explicado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, las personas responsables de determinadas acciones que provoquen daños ambientales graves en parques y áreas protegidas podrían enfrentar penas de 20 a 30 años de prisión, siempre que los hechos sean tipificados conforme al marco legal aplicable.
La disposición busca fortalecer la respuesta del Estado frente a acciones que puedan provocar daños de gran magnitud a los ecosistemas y recursos naturales, elevando la protección de estos espacios dentro de las prioridades nacionales.
El alcance de la medida dependerá de que las conductas investigadas reúnan los elementos establecidos por la legislación para ser consideradas terrorismo, por lo que no todo daño ambiental será automáticamente calificado bajo esta figura penal.
Protección de recursos naturales
Con el Decreto 615-26, el Gobierno procura reforzar la protección de los recursos naturales y de las áreas ecológicas estratégicas, en momentos en que las autoridades enfrentan distintos desafíos relacionados con la preservación de los ecosistemas.
La disposición también establece un mensaje de mayor rigor frente a quienes desarrollen acciones que puedan comprometer de manera grave el patrimonio ambiental de la República Dominicana.
La aplicación de las sanciones corresponderá a los órganos competentes del sistema de justicia, que deberán determinar, en cada caso, la existencia del delito, la responsabilidad de los involucrados y la pena correspondiente conforme a la legislación vigente.
El decreto representa así un endurecimiento del enfoque estatal frente a los delitos ambientales de mayor gravedad, al establecer que determinadas agresiones contra el patrimonio natural pueden adquirir una dimensión penal mucho más severa cuando cumplan con los requisitos establecidos para ser consideradas actos de terrorismo.
