El hombre que ya no camina como antes
Por G. Cabral
Hay imágenes que terminan diciendo mucho más de lo que cualquier expediente judicial puede expresar. No porque sustituyan las pruebas ni porque determinen culpabilidades, sino porque muestran la dimensión humana de una historia que, detrás de los titulares, está protagonizada por personas.
La imagen de Santiago Hazim caminando con dificultad hacia una sala judicial, escoltado por agentes de la Policía Nacional, se ha convertido en una escena recurrente. Y cada vez que aparece frente a las cámaras, inevitablemente provoca una reflexión que trasciende el proceso judicial.
No se trata de convertir el deterioro físico de una persona en un argumento de culpabilidad o inocencia. Tampoco de sustituir el rigor de la justicia por el impacto de una fotografía. Se trata de recordar que detrás de cada expediente hay seres humanos y que la justicia debe ser firme, pero nunca deshumanizada.
Del poder a los tribunales
Hubo un tiempo en que Santiago Hazim caminaba por los espacios institucionales con la autoridad que le confería dirigir una de las entidades más importantes del sistema de salud dominicano.
Hoy camina por otros pasillos.
Los tribunales son ahora el escenario donde deberá defenderse de las acusaciones formuladas en su contra. Allí no deberían importar los titulares, las especulaciones ni las condenas anticipadas de las redes sociales. Deben importar las pruebas.
Y esa es precisamente una de las grandes responsabilidades de una sociedad democrática: no confundir una acusación con una sentencia.
Hazim tiene derecho a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. El Ministerio Público, por su parte, tiene la obligación de demostrar sus imputaciones con evidencias suficientes ante los jueces.
Al final, será la justicia la que deberá establecer la verdad jurídica.
Cuando el juicio público se adelanta al tribunal
Pero existe otro tribunal que funciona todos los días y que no necesita jueces, fiscales ni abogados: el tribunal de la opinión pública.
Ese tribunal es mucho más rápido.
Una fotografía puede recorrer miles de teléfonos en cuestión de minutos. Un titular puede instalar una percepción antes de que una audiencia termine. Una acusación puede convertirse en una sentencia social mucho antes de que un juez valore las pruebas.
Ese fenómeno debería preocuparnos.
No porque los funcionarios públicos deban estar protegidos de la crítica. Todo lo contrario. Quien administra recursos públicos tiene que rendir cuentas y responder ante la sociedad.
Pero la crítica responsable no puede convertirse en condena anticipada.
El otro costo de la política y la administración pública
Hay también una dimensión que pocas veces aparece en los expedientes: el costo personal de una caída pública.
Quien alguna vez ocupó una posición de poder sabe que la exposición es parte del cargo. Pero cuando llega el momento de responder ante la justicia, esa exposición adquiere otra dimensión.
Ya no se observan las decisiones administrativas ni las políticas institucionales. Se observa al hombre.
Se observa cómo llega. Cómo camina. Quién lo acompaña. Cómo abandona el tribunal.
Y ahí surge una pregunta incómoda: ¿en qué momento dejamos de mirar el proceso para comenzar a mirar el sufrimiento de la persona?
La respuesta debería estar en el equilibrio.
Ni indiferencia frente a posibles actos irregulares, ni crueldad frente a quien todavía debe ser juzgado.
La responsabilidad no termina en los imputados
El caso también obliga a mirar más allá de los nombres que aparecen en un expediente.
Si las investigaciones terminan demostrando que hubo irregularidades graves dentro de una institución pública, entonces habrá que preguntarse cómo ocurrieron, qué controles fallaron y quiénes tenían la responsabilidad de prevenirlas.
Porque una institución no puede depender exclusivamente de la honestidad individual de quienes la administran.
Necesita controles, auditorías, transparencia, supervisión y consecuencias.
Cuando los controles fallan, el problema no es solamente quién pudo haberse aprovechado del sistema, sino por qué el sistema permitió que ocurriera.
El 4 de septiembre
La próxima audiencia está pautada para el 4 de septiembre.
Probablemente volverán las cámaras. Volverán los abogados, los agentes, los periodistas y las preguntas.
Y probablemente volverá también esa imagen de Santiago Hazim caminando lentamente hacia el tribunal.
Pero sería bueno que, esta vez, además de mirar al hombre, miremos el fondo del problema.
Que la justicia determine si las acusaciones tienen fundamento. Que quienes tengan responsabilidad respondan. Que quienes sean inocentes sean absueltos. Y que las instituciones aprendan de aquello que el proceso termine revelando.
Porque una sociedad verdaderamente democrática no necesita condenas anticipadas.
Necesita justicia.
Y la justicia, para ser justicia, debe ser capaz de mirar al mismo tiempo el expediente y al ser humano que está detrás de él.
