Por Paul J. Maldonado
Desde la llegada del presidente Luis Abinader al poder, el 16 de agosto de 2020, la administración pública dominicana ha experimentado cambios importantes que, en muchos aspectos, marcaron una diferencia con prácticas de gobiernos anteriores.
Al asumir la Presidencia de la República, Luis Abinader hizo un compromiso claro con el país, que con el simple rumor público sobre posibles irregularidades cometidas por un funcionario sería suficiente para iniciar una evaluación de su permanencia en el cargo y, de comprobarse la comisión de faltas lesivas contra el Estado o el patrimonio público, el responsable sería puesto a disposición del Ministerio Público. Hasta la fecha, ese compromiso ha sido cumplido cabalmente.
Muchas de las destituciones producidas durante estos seis años han sido consecuencia de una administración más abierta al escrutinio ciudadano, donde los medios de comunicación y la sociedad desempeñan un papel cada vez más activo en la fiscalización de la gestión pública. Hoy prácticamente todos los sectores de la vida nacional tienen voz y capacidad de incidir en la opinión pública.
No obstante, también es justo reconocer que existen funcionarios cuya permanencia en sus cargos constituye, por sí sola un reconocimiento presidencial a una gestión eficiente. En política suele decirse que “lo difícil no es llegar, sino mantenerse”, y precisamente mantenerse durante seis años en un gobierno caracterizado por la evaluación constante de sus funcionarios no ha sido tarea sencilla. No porque el presidente sea complaciente, sino porque la administración pública cambió significativamente y la ciudadanía participa hoy de manera activa en el escrutinio de las decisiones gubernamentales. Esa nueva realidad ha elevado el nivel de exigencia para todos los funcionarios, que lamentablemente muchos al iniciar el gobierno lo comprendieron.
Si enumeramos a los funcionarios que han sobrevivido gracias a una gestión intachable que ha contado con la confianza del presidente, debemos destacar, en primer lugar, al ministro de Turismo, David Collado, y al canciller de la República, Roberto Álvarez, quienes son los únicos ministros que han permanecido de manera ininterrumpida en sus respectivas posiciones desde el 16 de agosto de 2020.
En esas misma situación, también tenemos a directores generales y titulares de instituciones equivalentes, sobresaliendo también Edgar Féliz, al frente de los Comedores Económicos y ahora el Plan Social además; Jean Luis Rodríguez, en la Autoridad Portuaria Dominicana, quien además asumió la dirección del fideicomiso RD Vial; Fellito Suberví, director general de la CAASD; Wellington Arnaud, director ejecutivo del INAPA; Víctor Pichardo, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario; Rolfi Rojas, presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial; Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas; Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental; Héctor Valdez Albizu, gobernador del Banco Central; José Rijo Presbot, director general de Presupuesto; Olmedo Caba Romano, director ejecutivo del INDRHI; y Salvador Ramos, director general de la ONAPI.
De igual manera, existen funcionarios cuya labor fue premiada con responsabilidades de mayor jerarquía dentro del propio Gobierno. Es el caso de Adolfo Pérez, actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE); Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes; Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones (MIVHED); Gloria Reyes, ministra de la Mujer; Sigmund Freund, ministro de Administración Pública; José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Nelson Arroyo, director general de Aduanas; Armando Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Luis Miguel De Camps, ministro de Educación, quienes iniciaron esta gestión desempeñando otras funciones dentro del Gobierno y posteriormente fueron promovidos a posiciones de mayor relevancia y responsabilidad.
Hay que reconocer que estos ascensos no han sido producto del azar. En política, pocas evaluaciones son tan contundentes como un ascenso. Cuando un presidente decide confiarle a un funcionario una institución de mayor peso, presupuesto y responsabilidad, está enviando un mensaje claro de respaldo a su desempeño y sus buenas calificaciones.
En estos casos de los ascenso antes mencionados, han sido por haber pasado una dirección general a un ministerio; en otros, asumir entidades con mayores responsabilidades administrativas, presupuestarias y operativas. En cualquier escenario, el denominador común ha sido la confianza depositada por el presidente en funcionarios que, a su juicio, han demostrado capacidad de gestión, liderazgo y resultados.
A pocos días de cumplirse el sexto año del gobierno del presidente Luis Abinader, los rumores de posibles cambios en el tren gubernamental vuelven a ocupar el debate público. Los tambores de cambios no dejan de sonar. La expectativa crece, el ambiente político se torna cada vez más intenso y surge inevitablemente la pregunta: ¿quiénes seguirán sobreviviendo?, ¿quiénes serán ascendidos? ¿y quiénes, por el contrario, serán puestos en retiro por no haber cumplido las expectativas del presidente?
En cuestión de días conoceremos la respuesta. Mientras tanto, la permanencia y los ascensos seguirán siendo, probablemente, la mejor boleta de calificaciones que un presidente puede otorgar a sus funcionarios.
