El fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) deja a cientos de miles de haitianos sin protección migratoria, mientras la Administración de Donald Trump prepara operativos de deportación que comenzarían en Ohio y podrían extenderse a otros estados del país.
Miami, Estados Unidos. – Más de 350,000 ciudadanos haitianos perdieron este lunes el Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida que les permitía permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos desde el terremoto que devastó Haití en 2010. La expiración del beneficio abre la puerta a un amplio plan de deportaciones impulsado por la Administración del presidente Donald Trump.
La decisión se produce luego de que un tribunal federal de apelaciones permitiera que concluyera la protección migratoria, en cumplimiento de un fallo emitido por la Corte Suprema el pasado 25 de junio, que autorizó al Gobierno estadounidense a revocar el programa para los beneficiarios haitianos.
De acuerdo con reportes citados por medios estadounidenses y legisladores, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) prepara operativos de deportación que comenzarían en el estado de Ohio, donde residen alrededor de 14,000 haitianos acogidos al TPS. Sin embargo, la mayor preocupación se concentra en Florida, donde vive casi la mitad de los beneficiarios, con una población estimada de 158,000 personas.
El congresista republicano Michael Rulli respaldó públicamente el inicio de las deportaciones en Ohio, mientras que la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz denunció que el DHS tendría previsto detener hasta 2,000 haitianos por día como parte del operativo migratorio. La legisladora calificó la medida como «inaceptable» y advirtió sobre el impacto que tendría en miles de familias con hijos ciudadanos estadounidenses.
Organizaciones defensoras de inmigrantes alertan que las deportaciones podrían afectar gravemente sectores clave de la economía estadounidense. Según datos de FWD.us, cerca de 200,000 haitianos trabajan en hospitales, hogares de ancianos, hoteles y restaurantes, aportando aproximadamente 5,900 millones de dólares anuales a la economía del país, de los cuales 1,500 millones corresponden al área de Miami.
Además del impacto económico, las organizaciones estiman que alrededor de 50,000 niños estadounidenses podrían quedar separados de al menos uno de sus padres si se ejecutan las deportaciones masivas, incrementando la preocupación entre comunidades inmigrantes y defensores de los derechos humanos.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las condiciones ambientales en Haití han mejorado desde que se concedió el TPS en 2010. No obstante, activistas y organizaciones humanitarias rechazan esa afirmación y recuerdan que el país continúa inmerso en una profunda crisis de violencia e inestabilidad política, agravada por el control de bandas armadas y la ausencia de un presidente electo desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021.
La eliminación del TPS para los haitianos marca uno de los mayores cambios en la política migratoria de Estados Unidos en los últimos años y podría desencadenar una de las operaciones de deportación más amplias contra esta comunidad, generando incertidumbre entre cientos de miles de familias establecidas desde hace años en territorio estadounidense.
