La normativa, que sustituye al Código Penal de 1884, incorpora nuevos delitos, endurece sanciones y actualiza el marco legal para enfrentar la criminalidad moderna, tras más de dos décadas de debates legislativos.
Santo Domingo.– La República Dominicana comenzó a aplicar este lunes 3 de agosto el nuevo Código Penal, una legislación que reemplaza el código vigente desde 1884 y que introduce importantes cambios en el sistema de justicia penal, incluyendo la tipificación de nuevos delitos, el aumento de las penas para diversas infracciones y la actualización de normas para enfrentar las nuevas modalidades de criminalidad.
La entrada en vigor de la Ley 74-25 se produce un año después de su promulgación, conforme al período de vacatio legis establecido en su artículo 393. Con ello, jueces, fiscales y demás operadores del sistema judicial cuentan desde hoy con un nuevo marco normativo para el procesamiento y sanción de los delitos.
Entre las principales novedades de la legislación figuran la incorporación de decenas de figuras delictivas que no estaban contempladas en el antiguo código, como delitos tecnológicos, robo de identidad, ciberacoso, difusión no consentida de contenido íntimo y otras conductas vinculadas al entorno digital. Asimismo, se fortalece la persecución de la violencia intrafamiliar, el feminicidio, el sicariato y la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El nuevo Código también reorganiza el sistema de sanciones. Para los delitos de mayor gravedad establece penas de hasta 40 años de prisión y permite, en determinados casos previstos por la ley, la acumulación de condenas que podrían alcanzar los 60 años. Además, clasifica las infracciones en muy graves, graves y leves, sustituyendo la antigua división entre crímenes, delitos y contravenciones.
La aprobación de esta reforma fue el resultado de un proceso legislativo que se extendió por casi tres décadas y estuvo acompañado de intensos debates sobre diversos aspectos del texto. Incluso, semanas antes de su entrada en vigencia, el Congreso aprobó modificaciones a varios artículos relacionados con la libertad de expresión, la responsabilidad penal de las empresas, la difusión de imágenes privadas y otros temas que generaron cuestionamientos de distintos sectores.
Pese a las solicitudes de algunos gremios e instituciones para aplazar su aplicación, el Poder Ejecutivo mantuvo la fecha prevista para su entrada en vigor, iniciando así una nueva etapa en la administración de justicia penal del país.
